Human Rights Watch exhorta a la OEA a levantar situación de Perú en Asamblea: Defiendan el Estado de derecho

Human Rights Watch exhortó a los miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a expresar su preocupación en torno al intento de golpe del Congreso que busca la eliminación de la Junta Nacional de Justicia, entre otros proyectos legislativos. La organización no gubernamental instó a que en la próxima Asamblea General se refieran a este desmantelamiento del Estado de derecho.

"Los miembros de la OEA se reunirán del 26 al 28 de junio en Asunción, Paraguay, para celebrar la Asamblea General de la organización. Desde 2001, los miembros de la OEA han acordado una 'obligación de promover y defender' la democracia, incluyendo la separación de poderes, el respeto de los derechos fundamentales y la celebración de elecciones periódicas, libres y justas", publicó.

Este comunicado detalla cómo en la primera semana de junio, el Congreso busca quebrantar la autonomía de los poderes. A inicios de junio, avanzó en una reforma constitucional destinada a eliminar la Junta Nacional de Justicia, responsable de nombrar y destituir jueces, fiscales y autoridades electorales.

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Esta reforma transferirá al próximo Senado la autoridad para designar y remover a estas autoridades, lo que podría amenazar gravemente la independencia del Poder Judicial y la legitimidad de las futuras elecciones.

Asimismo, se menciona que el pasado 5 de junio, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó dicha reforma constitucional. Ese mismo día, el Comité de Relaciones Exteriores del Legislativo dio el visto bueno a un proyecto de ley que otorgaría amplios poderes al gobierno para controlar a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que reciben financiamiento extranjero. Este proyecto de ley emplea un lenguaje ambiguo que permitiría al gobierno sancionar arbitrariamente a grupos que critiquen o se opongan a sus acciones.

Finalmente, se refirió a la aprobación en primera votación de un proyecto de ley cuyo objetivo es "precisar la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra" en Perú. Este proyecto establece, en contradicción con el derecho internacional, que los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos antes de noviembre de 2003 están sujetos a prescripción, lo cual podría debilitar las investigaciones en curso sobre graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado en Perú (1980-2000).

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"Además, esto podría permitir la revisión de condenas contra miembros del grupo terrorista Sendero Luminoso y fuerzas de seguridad responsables de crímenes de guerra."

"Con esta ráfaga de legislación destructiva, los congresistas peruanos están intensificando sus medidas para controlar a las autoridades judiciales y electorales, debilitar los sistemas de rendición de cuentas, así como la supervisión y crítica de sus acciones. Los gobiernos de las Américas deben pronunciarse urgentemente sobre el retroceso democrático en el Perú. Está en su interés, y ciertamente en el de todos los peruanos, detener la infiltración y expansión del crimen organizado y la corrupción en las instituciones peruanas", finalizó Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.