Masacre en Putis: tribunal responsabiliza al Ejército de ejecución extrajudicial de casi un centenar de personas en 1984
Indica que se trata de una grave violación a DD. HH. y un delito de lesa humanidad. Absuelve al jefe de la patrulla Lince, Luis Grados Bailetti, por no tener certeza de su participación.
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Sala presidida por jueza Miluska Cano, responsabilizó a efectivos del Ejército de la masacre de casi un centenar de personas cometida en la localidad ayacuchana de Putis en diciembre de 1984; sin embargo, absolvió al jefe de la patrulla Lince de entonces, Luis Óscar grados Bailetti, quien fuera acusado de coautor mediato, por considerar que no hay certeza de que dicho equipo haya participado en la matanza.
El tribunal señaló que por la forma en que se produjeron los crímenes en Putis se trató de una grave violación a los derechos humanos y un delito de lesa humanidad.
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La magistrada detalló parte de los testimonios que tomaron en cuenta para dar su fallo, por lo cual señalaron que ha quedado acreditado que en 1983 llegaron terroristas de Sendero Luminoso, quienes asesinaron autoridades y obligaron a la población a vivir en los cerros, y que en 1984 se instaló una base militar en Putis y Ayahuanco con efectivos de la 2da División de Infantería del Ejército.
Señaló que está probado que las víctimas, entre las que habían varios menores de edad, fueron asesinadas cuando se encontraban en situación de indefensión, y que previamente los militares violaron sexualmente a las mujeres. Indica que está acreditado que los mataron por considerar que colaboraban con Sendero Luminoso.
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Asimismo, leyó varios testimonios en que cuentan que los militares también cometieron excesos, y de un testigo de la matanza que cuenta que los militares llamaron a los pobladores que estaban en los cerros, ofreciéndoles protección frente a los subversivos de Sendero Luminoso.
Sin embargo, pese a que los pobladores bajaron de los cerros llevando banderas blancas, con sus hijos y animales, con engaños les hicieron abrir una zanja para construir una piscigranja, pero les dispararon, y violaron a las mujeres. Finalmente, enterraron a todos en la fosa e hicieron caer las paredes de la escuela.
La Sala señaló que está probado que las víctimas, entre ellas varios menores de edad, fueron asesinadas cuando se encontraban en situación de indefensión.
El tribunal consideró que las pruebas evidencian que los responsables fueron efectivos del Ejército de la 2da división de infantería de Ayacucho, Recalcó que los 92 restos exhumados presentan huellas de haber sido ejecutados extrajudicialmente con arma de fuego, pues el informe forense precisa que se hallaron impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, principalmente en la cabeza.
Se reservó el caso para dos militares por ser reos ausente y contumaz: el entonces jefe político militar y comandante de la 2da División de Infantería de Ayacucho, Wilfredo Mori Orzo, y el miembro de su estado mayor, Juan Briones Dávila. Asimismo, ordenó que se prosiga la investigación para los militares de seudónimos “Lalo”, “Baretta” entre otros.
La fiscal Gisela Astocondor, apeló el fallo judicial.
