Partidos bajo sospecha de reiterado mal uso de financiamiento del Estado
Persistencia. Aunque reciben millones del dinero público para mejorar en sus capacidades, organizaciones políticas caen en malas prácticas. En formación, capacitación e investigación, están lejos de cumplir con destinar la mitad exigida.
Los millones de soles del Estado que reciben los partidos políticos en el Perú están en nuevas controversias. Estos fondos, que deben servir para fortalecer organizaciones políticas en su funcionamiento y cualidades de sus militantes para mejorar nuestra democracia, tienen usos que reiteran sospechas de que se los reparten como botín.
Los 10 partidos que lograron tener congresistas en las elecciones del 2021 deben recibir dinero del Estado, según la ley: en total, 77.980.016,40 soles para el quinquenio hasta el 2026. Es decir, cerca de 78 millones para Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso (APP), Avanza País, Juntos por el Perú, Somos Perú, Podemos Perú y Partido Morado. Les toca un monto común y otro proporcional a la votación obtenida.
Deben usarlo para gastos de funcionamiento ordinario, que pueden ser hasta el 50% de todo lo que reciban, y para actividades de formación, capacitación, investigación y difusión de estas, a las que pueden destinar como mínimo el 50%, por ley.
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Hasta ahora, se han repartido 35.432.667,01 soles. Acción Popular es el único que aún no recibe por los líos que ha tenido para acreditar su dirigencia.
Los partidos deben declarar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) cómo gastan el dinero que reciben. Allí saltan algunas controversias.
En formación, capacitación, investigación y difusión de estas, los nueve partidos que han recibido los cerca de 35 millones y medio hasta diciembre del año pasado, apenas habían gastado 7.401.975,28 soles. Esto es el 20.8%; es decir, la quinta parte. Si ese ritmo se mantiene, están lejos de cumplir con el 50% mínimo del total que indica la ley.
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Los partidos que más han gastado en formación, capacitación e investigación son Somos Perú (más de 1,7 millones), Renovación Popular (más de 1,5 millones), Avanza País (casi 1,4 millones) y Fuerza Popular (1,1 millones). Les siguen APP (733.493 soles), Partido Morado (473.232) y Perú Libre (322.774). Los que menos han destinado a este rubro son Juntos por el Perú (47.988 soles) y Podemos (37.153).
Jefa. Keiko sigue pagando coprocesadas con nuestro dinero. Foto: John Reyes
Alertas
Los informes que los propios partidos han presentado a la ONPE para declarar cómo gastan el dinero que reciben del Estado ya han generado alarmas.
“Hay gastos muy altos en capacitaciones sin sustento y situaciones muy particulares. Por ejemplo, contrataciones a publicistas de medios de comunicación que después presentan a políticos con frecuencia o una empresa que solo daría capacitaciones a un partido. En capacitación, investigación y formación hay millones sin sustento suficiente”, dice Margarita Díaz Picasso, directora de Proyectos Electorales de Vigilancia Ciudadana, organización que indaga el uso que dan a estos fondos.
Bajo la lupa. ONPE supervisa uso que hacen los partidos del dinero que reciben del Estado, pero necesita mayor fuerza para mejorar resultados. Foto: difusión
En registros del segundo semestre del 2023, detectó que Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre hoy prófugo de la justicia, recibió 59.841,26 soles de su partido como remuneraciones, vacaciones y gratificaciones. En todo el año pasado, el monto fue 127.054 soles y en el 2022 llegó a 129.290, según sus informes.
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Además, el partido del lápiz declaró pagos de 23.742 soles a Jhor Cliff Quispe Gamarra, extrabajador de la gestión de Cerrón en Junín que enfrenta procesos penales, por gratificaciones y vacaciones truncas.
Otros 23.908 soles fueron a Ofelia Ríos Pacheco, exfuncionaria y extesorera perulibrista, según el informe. El empresario Sergio Casquero, proveedor de la gestión de Cerrón, la acusó de pedir coimas para financiar la campaña de Pedro Castillo.
En Fuerza Popular, destaca la recurrencia en contratar a Adriana Tarazona, investigada por la Fiscalía en el caso de lavado de activos que enfrenta Keiko Fujimori. Tarazona aparece como asistenta del partido, con pagos de 23.280 soles entre julio y diciembre, según su informe.
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En Renovación Popular, resalta el pago de 189.000 soles a la empresa Focus Marketing & Managment por actividades de conferencia y asesorías. La compañía es del marketero argentino Ariel Correa, quien asesoró a Rafael López Aliaga, líder del partido, en sus campañas electorales del 2021 y 2022.
Sobre APP, advierte que declaró el pago de 36.380 soles a la empresa Dantoni Inversiones, que tiene como gerenta a Robertina Maslucan Culqui, hermana del excongresista y excandidato apepista José Maslucán.
Somos Perú declaró pagos que suman 359.340 soles a la empresa Central Mediática por capacitaciones. La firma es de Eduardo Ceferino Cabrejos, amigo muy cercano de la presidenta del partido, Patricia Li, pese a los cuestionamientos.
Somos Perú asegura que la contratación de esta empresa se ha decidido luego de un proceso de selección entre otras.
Además, esta agrupación persiste en contratar a Li. En el segundo semestre del 2023, sus pagos ascienden a 65.437 soles.
Sobre Juntos por el Perú, advierte el pago reportado en este periodo a Roberto Centurión Franco por “locación de servicio” que llega a 12.000 soles. Este proveedor fue secretario del como comité electoral del partido, que su vez presidía Ricardo Sánchez Palomino, hermano del congresista y cabeza de la agrupación Roberto Sánchez.
En el Partido Morado, señala el pago declarado a Jarek Tello por 46.396 soles por adelanto de quincena y beneficios laborales. Es militante y fue personero legal de la organización. Además, enfrenta un largo proceso judicial en el que se cuestiona una contratación en el Estado.
Tello alega que dio servicios legales especializados al partido y que busca anular el fallo judicial con una revisión de casación y proceso constitucional. “Es un error de interpretación que hacen las bases cuando me contrataron hace 10 años, mucho antes que entre al partido. Será superado”, asegura.
La fiscalización del uso que los partidos hacen del financiamiento del Estado requiere también especial atención. El impacto de lo que hacen en nuestra democracia no es poco.
Cuando se tuvo que devolver en Renovación
Probablemente, el caso más rotundo de un mal uso del financiamiento público se consignó en Renovación Popular cuando el contratado tuvo que reconocer que no dio el servicio y devolvió el dinero que había recibido. Este fue nada menos que Renzo Reggiardo, actual teniente alcalde de Lima, número 2, después del alcalde Rafael López Aliaga, líder del partido.
El partido declaró que en el primer semestre del 2022 pagó a Reggiardo 230.000 soles por servicios de coaching, pero este adujo que no se cumplió por falta de tiempo y que devolvería en partes a fines del 2022 y en junio del 2023. Por eso, la ONPE inició un proceso sancionador, pero luego terminó por archivar este caso.
Renovar. Partido de RLA contrata asesor de campaña. Foto: John Reyes
Debe haber candados, hay mucha flexibilidad
Enfoque. Margarita Díaz Picasso, Vigilancia Ciudadana
Nos preguntamos por qué no existe un mecanismo que impida que se continúe desembolsando este recurso cuando la rendición de cuentas no es adecuada. Proponemos que en el caso de que no se sustenten los gastos o existan observaciones de la ONPE a las rendiciones de cuentas, se paralice el siguiente desembolso hasta que se levante la observación. Debe haber candados para que se sustenten los gastos y se apruebe la rendición.
Hay demasiada flexibilidad de la ONPE respecto a las rendiciones de cuentas. Por otro, lado los partidos no tienen un sistema de control interno, que es una exigencia de la ley, que les permita garantizar el adecuado uso del recurso. Entonces, nos preguntamos realmente cuáles son los mecanismos con los que cuenta el organismo supervisor realmente para verificar, supervisar, fiscalizar y finalmente sancionar cuando existan usos inadecuados del financiamiento público.
En los partidos, se contratan servicios de abogados que también los dan a los líderes de estas agrupaciones. Entonces, acá hay al menos un conflicto de interés. También contratan a quienes no tienen la experiencia para el servicio. Es preocupante la excesiva discrecionalidad en el uso de estos recursos.
