Fiscalía arremete contra el periodismo de investigación
Ligerezas. Fiscal Chinchay pretende el levantamiento del secreto de las comunicaciones del director de IDL Reporteros, Gustavo Gorriti, por un periodo de cinco años. Relator de CIDH insta a garantizar la reserva de las fuentes.
- Jorge Nieto Montesinos: ¿quién es el candidato presidencial del partido del Buen Gobierno?
- ¿Quién es Wolfgang Grozo, candidato presidencial que sube en las encuestas?
El Ministerio Público acaba de abrir diligencias preliminares de investigación contra el director de IDL Reporteros, Gustavo Gorriti, y la disposición contempla la opción del levantamiento del secreto de sus comunicaciones. Esta situación ha encendido las alertas a nivel interno y en la comunidad internacional, por la grave amenaza en relación a la reserva de las fuentes para el periodismo de investigación.
La disposición fue emitida el 27 de marzo por el fiscal Alcides Chinchay Castillo, representante de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a partir de una denuncia formulada por el abogado de vinculación aprista Luis Miguel Caya Salazar.
TE RECOMENDAMOS
CAOS EN EL GOBIERNO DE BALCÁZAR Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
El caso incluye a los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez, para quienes también se plantea la medida del levantamiento del secreto de sus comunicaciones.
“Autorizar en su oportunidad el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los investigados”, se lee en el documento fiscal, al cual tuvo acceso La República.
Si bien el Ministerio Público difundió ayer un comunicado para intentar poner paños fríos, al precisar que el levantamiento del secreto de las comunicaciones debe ser autorizado por un juez, en la resolución fiscal ya se plantean medidas próximas como el requerimiento para que los tres investigados entreguen, en el plazo de cinco días, los números telefónicos que hayan utilizado desde enero del 2016 hasta abril del 2021. Se trata, por lo demás, de un periodo extenso superior a los cinco años.
Cuatro casos
La disposición del fiscal Chinchay contempla un total de cuatro casos. El primero comprende a Gustavo Gorriti, Rafael Vela y José Pérez Gómez, por la sola declaración que hizo Jaime Villanueva, en relación a un supuesto apoyo mediático del periodista a cambio de información.
Un segundo caso tiene que ver con la otrora investigación por corrupción contra Alan García. En este punto, la Fiscalía desliza que Gorriti habría ayudado con presión mediática para que el Poder Judicial emita una orden de impedimento de salida del país del exlíder aprista a cambio también de información.
En un tercer caso abren indagación contra Rafael Vela y Janet Talavera, quien labora en el Jurado Nacional de Elecciones. En este punto, la Fiscalía indaga si hubo intercambio de información para evitar que Keiko Fujimori gane las elecciones.
El cuarto es sobre el supuesto ofrecimiento de Vela al abogado Óscar Nieves Vela para interceder supuestamente por su patrocinada Dina Boluarte.
Preocupación y protesta
Pedro Vaca, relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó ayer: “Las democracias deben garantizar la reserva de fuentes y abstenerse de usar el poder estatal para castigar al periodismo de investigación”.
También desde la comunidad internacional se pronunció la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), al dar cuenta de su preocupación por el impacto que pueden tener las diligencias contra Gustavo Gorriti en el periodismo de investigación.
Por su parte, IDL Reporteros calificó este hecho como una amenaza a la libertad de prensa, al periodismo de investigación y a la lucha contra la corrupción.
PUEDES VER: César Acuña, Antauro Humala, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, líderes de potencial antivoto
“(Esta) es una ofensiva de los círculos de corrupción contra los fiscales y periodistas que los investigaron, que intenta repetir, a escala mayor, lo que hicieron sus pares en Guatemala”, agregan en un comunicado.
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) también expresó su rechazo a la decisión fiscal, al considerar que “amenaza el derecho constitucional a la protección de las fuentes de información que tiene la prensa”.
Normalización de una práctica peligrosa
No es la primera vez que el Ministerio Publico intenta vulnerar el secreto de las comunicaciones de los periodistas.
PUEDES VER: Dina Boluarte: Fiscalía y DIVIAC allanan casa de presidenta por caso Rolex y otras joyas
La Fiscalía Supraprovincial del equipo avocado al caso Cuellos Blancos volvió a citar al editor judicial de La República, César Romero, para abril, en el proceso que contempló acciones de reglaje.
El periodista accedió a información fiscal que incluye, entre las diligencias, el requerimiento para que informe los números de celulares que uso en los últimos años.
Reacciones
Pedro Vaca, relator de la CIDH
“(En el periodismo es importante) revelar asuntos que transcurren a la sombra. Las democracias deben garantizar la reserva de fuentes y abstenerse de usar el poder para castigar al periodismo”.
Rosa María Palacios, abogada y periodista
“El objetivo es lograr la nulidad del proceso a Keiko Fujimori y esta es la última escaramuza. Qué pena por la Fiscalía. Se confirma que la persecución a periodistas sigue siendo la norma”.
