Contraloría denuncia que decreto de Ejecutivo limita fiscalización en inversiones públicas

La Contraloría General de la República alerta que el Decreto de Urgencia 006 – 2024, dictado por el Gobierno de Dina Boluarte, limita la fiscalización en las inversiones públicas y hace un llamado al Congreso para que garantice la lucha contra la corrupción.

“El Decreto de Urgencia 006-2024, dictado por el Poder Ejecutivo, afecta la autonomía constitucional de la Contraloría General (…). El artículo 14 del Decreto de Urgencia, además de distorsionar por completo la finalidad de la ley 31358 y sus modificatorias, pretende dictar a la Contraloría General cuáles son los actos que deben y no deben ser materia del control concurrente”, se lee en la primera parte del comunicado compartido por la institución.

Asimismo, la Contraloría recuerda que solo el año pasado “se emitieron y publicaron más de 12.000 alertas de posibles hechos de corrupción e inconducta funcional”; y en ese mismo año “se señaló la presunta responsabilidad administrativa, civil y penal de más de 9.300 funcionarios y servidores públicos, de los cuales 2.900 corresponden al Poder Ejecutivo”.

PUEDES VER: Dina Boluarte: recepción de dinero de origen desconocido complicaría su situación legal

En ese sentido, hace un llamado a la gestión de Dina Boluarte para que reflexione y piense en las consecuencias que la norma puede traer en la lucha contra la corrupción. Por otro lado, pide al Congreso de la República que “asegure la continuidad de este control especializado que previene perjuicios al Estado en las inversiones públicas de los tres niveles de Gobierno”.

El DU 006 - 2024 fue promulgado el 23 de marzo de este año y está firmado por la mandataria, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Adrianzén, y los otros ministros de Estado.

Contraloría: ¿cuál fue el costo de la corrupción para el Perú?

La Contraloría calculó que el costo de la corrupción y la inconducta funcional en el 2023 habría significado un valor aproximado de 24.268 millones de soles. La información la dio el contralor Nelson Shack durante una conferencia de prensa el 27 de febrero pasado.

"En términos de dinero, antes perdíamos 23.297 millones de soles y en el 2023 hemos perdido alrededor de 1.000 millones de soles más, pero eso se debe a que han pasado cinco años más y el crecimiento del presupuesto ha sido muy significativo", indicó el funcionario.

Según el ranking de la Contraloría, el Callao fue la región que registró una mayor incidencia de los efectos de la corrupción, donde la pérdida estimada fue equivalente al 17,9%. Las regiones que le siguen son Tumbes, Ucayali y Piura.

"La corrupción es mucho más que el manejo de recursos públicos. Hay muchos problemas de corrupción en muchos sectores del Estado peruano donde no se manejan recursos públicos, como los problemas en el sistema de justicia, la emisión de licencias, entre otros", agregó el contralor.

Asimismo, la Contraloría determinó que las conductas infractoras que más se repiten entre los funcionarios son: actuar en forma parcializada en los contratos y licitaciones; tratar de obtener beneficios a través de su cargo o autoridad, e incumplir de manera injustificada e intencional sus funciones.