Oficializan ley que restringe el derroche de recursos en obras por administración directa
El dispositivo busca hacer un uso probo, transparente, eficiente y eficaz de los recursos y bienes del Estado, a nivel nacional, permitiendo cumplir con los objetivos institucionales de las entidades y con los fines públicos para los cuales está prevista la obra pública.
La República en GoogleEl Poder Ejecutivo promulgó este sábado la Ley 31876, que propone regular el proceso de ejecución de obras por administración directa a nivel nacional para que éstas se realicen en las mejores condiciones de calidad, costo y plazo.
El dispositivo, aprobado por el Congreso la semana pasada, busca hacer un uso probo, transparente, eficiente y eficaz de los recursos y bienes del Estado, a nivel nacional, permitiendo cumplir con los objetivos institucionales de las entidades y con los fines públicos para los cuales está prevista la obra pública.
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Se encuentran comprendidas dentro del alcance de la presente ley, bajo el término genérico de Entidad, las entidades sujetas al ámbito del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, y del Decreto Legislativo 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, que ejecuten obras públicas por administración directa, independientemente de la fuente de financiamiento que utilicen.
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En adelante, la ejecución de las obras por administración directa, adicionalmente a los principios que rigen el derecho público, administrativo y financiero, en lo que resulte aplicable, se rige por los principios de moralidad, eficiencia, transparencia y economía.
En el marco de la ejecución de una obra por administración directa, está prohibida la adquisición, bajo cualquier modalidad, de maquinaria y equipos con cargo al presupuesto de la obra.
El Sistema Nacional de Control realiza el control concurrente sobre la ejecución de inversiones con componentes de infraestructura por administración directa, priorizando la utilización de herramientas tecnológicas para su fiscalización, conforme a la normativa establecida por la Contraloría.
