Eduardo Ballón: “Si a los partidos se les aplicara la valla que ponen a los movimientos regionales, no podrían participar”
El investigador alega que los partidos políticos buscaban que el Gobierno llegue al 2026, porque era el tiempo que requerían para llevar adelante sus intereses privados: minería ilegal, tala ilegal, etc.
El antropólogo Eduardo Ballón es un agudo observador de la política nacional y aquí repasa las decisiones tomadas en el Congreso buscando obstaculizar la presencia de los movimientos regionales en futuros comicios. Para Ballón, los partidos representados en el Parlamento buscan asegurar el control electoral con miras al 2026.
-El Congreso retrocedió en su intento de desaparecer a los movimientos regionales. Ahora propone que tengan presencia en cuatro quintos de las provincias y los distritos de su región para inscribirse. ¿Esto cancela la participación de los movimientos regionales en elecciones?
-Esa valla busca limitar la posibilidad de inscribirse y participar (en elecciones). Si los partidos nacionales tuvieran esa valla y los juzgáramos por los resultados de las últimas elecciones, veríamos que solo dos, Acción Popular y Somos Perú, han obtenido Gobiernos regionales. Veríamos que Perú Libre, Fuerza Popular y Acción Popular no obtuvieron ningún Gobierno regional. Y Renovación Popular, Podemos, el Partido Morado y demás no lograron nada en regiones. Si lo miramos a nivel de provincias, descubriremos que en 120 los ganadores fueron movimientos regionales y los partidos regionales obtuvieron solo 75 provincias. Otro tanto ocurre en los distritos. Dicho de otra forma, si a los partidos nacionales que están aprobando esta valla se les aplicara la misma norma, no podrían participar. Es una demostración de la arbitrariedad y de lo que están buscando.
-Buscan cerrar el paso a los eventuales rivales en las próximas elecciones
-Sin duda. Ahora, esto no quiere decir que la mayoría de los movimientos regionales sean distintos o mejores que los partidos nacionales.
-El presidente de la Asociación de Movimientos Regionales asegura que esa valla no sería problema, porque sí pueden tener esa presencia o hacer alianzas con partidos para conseguirlo.
-Por los números que le he dado, es claro que en el interior del país los movimientos regionales son más fuertes que los partidos nacionales. Quiere decir que tienen asentamiento territorial, que tienen figuras que son identificadas por la gente, y eso les da una capacidad de negociación enorme con los partidos nacionales que buscan poner su logo al precio que sea en esos territorios. Si uno observa la historia de alguna de las autoridades regionales provinciales y distritales que han ganado con algún partido político, uno descubre que se inscribieron poco antes de las elecciones.
-Los movimientos regionales son parte del juego democrático, pero muchas veces han encumbrado a caudillos corruptos. ¿Cómo mejorar la oferta de estos movimientos?
-La representación política no mejora a partir de normas y leyes. Estamos frente a un problema sistémico que exige repensar el tema de la representación, lo mismo que repensar la organización del Estado y su funcionamiento. Las barreras de entrada deben concentrarse en la cantidad de firmantes. Es decir, en el porcentaje del padrón que apoya a esa organización. Los dos tercios que establecía la norma vigente eran eficientes. La tercera ecuación es que a los movimientos regionales no se les puede poner condiciones distintas a las de los partidos nacionales. Y a los partidos nacionales, para postular en las regiones, hay que exigirles un tiempo de militancia, de antigüedad de quienes serán sus candidatos, para evitar esa lógica de microbuses buscando y atrayendo pasajeros.
-¿Cómo ve el panorama regional? ¿Las protestas del año pasado fortalecieron a los movimientos regionales y debilitaron a los partidos nacionales?
-Diría que hay una desconfianza enorme en la política y en los políticos. Esa desconfianza alcanza a los movimientos regionales, pero en menor medida que a los partidos nacionales. Recordemos que muchas de las autoridades regionales se pronunciaron defendiendo el derecho de quienes protestaban y por el adelanto de elecciones. Terminada la tercera oleada (de protestas), julio del 2023, estas se fueron debilitando y hoy la lógica de las autoridades regionales y municipales es la lógica del presupuesto. Eso los obliga a vivir negociando el presupuesto con el Gobierno nacional y así obtener ventajas para su gestión.
PUEDES VER: Colegio público de EL AGUSTINO rechaza a escolar pese a hacerle comprar útiles, uniforme y hasta carpeta
-El Congreso ha avanzado contra varias instituciones del Estado. Esta valla a los movimientos regionales sería parte del plan para asegurar el triunfo en las próximas elecciones.
-El objetivo del Congreso es el mayor control institucional para garantizar su manejo electoral. Eso tiene que ver con el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Reniec. Simultáneamente, buscan eliminar toda posibilidad de competencia. En algunos casos juegan en pared con instituciones como la Fiscalía y, en otros, establecen leyes como esta que pretende ir eliminando paulatinamente a los movimientos regionales. Recordemos que alguno de los proyectos de ley presentados planteaba eliminar los movimientos regionales.
-Usted señaló que los partidos en el Congreso buscaban sostenerse hasta el 2026. Parece que ahora quieren quedarse más allá de esa fecha.
-Los partidos buscaban que el Gobierno llegue al 2026 porque era el tiempo que requerían para llevar adelante sus intereses privados, minería ilegal, transporte ilegal, tala de madera, etc. Buscaban, adicionalmente, seguir manteniendo las gollerías y remuneraciones que tienen, que muchos no han tenido jamás y, seguramente, salvo que sigan en el Congreso, no tendrán después. En tercer lugar, buscaban un escenario que les permita mantenerse en la posición en la que están. A esto, que tiene que ver con intereses individuales, se añadiría el interés político, que supone prolongar el modelo económico en una suerte de fujimorismo 2.0, que les garantizaría impunidad a los cerca de 80 congresistas con carpetas fiscales y acusaciones bastante concretas.
