Política

Susel Paredes, Sigrid Bazán y Ruth Luque cuestionan ley de impunidad para delitos de lesa humanidad

El dictamen de ley de impunidad para delitos de lesa humanidad, cometidos antes de julio del 2022, fue impulsado por congresistas de Fuerza Popular.

El dictamen de ley de impunidad para delitos de lesa humanidad fue aprobado por la Comisión de Constitución del Parlamento. Ante ello, congresistas Paredes, Bazán y Luque se manifestaron en contra. Foto: composición LR de Gerson Cardoso/Andina
El dictamen de ley de impunidad para delitos de lesa humanidad fue aprobado por la Comisión de Constitución del Parlamento. Ante ello, congresistas Paredes, Bazán y Luque se manifestaron en contra. Foto: composición LR de Gerson Cardoso/Andina

Varios congresistas de la República se pronunciaron acerca de la decisión de la Comisión de Constitución del Congreso de aprobar un dictamen de ley que establece que “nadie sea procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio de 2022”.

Una de las parlamentarias que se manifestó al respecto fue Susel Paredes. Por medio de sus redes sociales, la legisladora señaló que dicho dictamen, aprobado por la comisión que conduce Fuerza Popular, es “inconstitucional”.

“Según mis colegas de Fuerza Popular, en Perú nadie cometió crímenes de lesa humanidad antes del 2022. Esto, además de una vergüenza, es inconstitucional y atenta contra el estándar de DD. HH. ¡No pasarán!”, publicó la congresista Paredes en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

A su vez, la legisladora de la bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú Sigrid Bazán se refirió al dictamen e indicó que este tiene “nombre propio”; ello, debido a que el expresidente Alberto Fujimori fue condenado por delitos de homicidio calificado y lesiones graves, en el marco de los casos La Cantuta y Barrios Altos, que constituyen crímenes contra la humanidad, según el Derecho Internacional Penal.

“La Comisión de Constitución, gracias a Fuerza Popular, aprobó una ley de amnistía, que en realidad es una ley de impunidad con nombre propio. Este despropósito plantea que nadie sea procesado por delitos de lesa humanidad por hechos cometidos antes del 1 de julio de 2022”, declaró Bazán.

Asimismo, la congresista Ruth Luque señaló que el dictamen propone “irretroactividad y prescripción” y que este sería un “retroceso grave en la búsqueda de la justicia”.

“Hoy, en Comisión de Constitución, está previsto un predictamen para interpretar la aplicación de los delitos de lesa humanidad. Es el colmo. Prácticamente, plantea irretroactividad y prescripción. Sería un retroceso grave en la búsqueda de la justicia y lucha contra la impunidad de violadores a DD. HH. que cometen delitos calificados como lesa humanidad”, dijo.

Moyano pidió opinión a exabogado de Aguinaga sobre dictamen de impunidad

La presidenta de la Comisión de Constitución, Martha Moyano, solicitó a la exdefensa legal del congresista Alejandro Aguinaga, Humberto Abanto, su opinión técnica sobre el dictamen de impunidad para delitos de lesa humanidad.

La parlamentaria Moyano envió un oficio al letrado el pasado 19 de febrero, señalando lo siguiente: “Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, en atención a su especialidad y reconocida trayectoria profesional, solicitarle tenga a bien emitir su opinión especializada respecto al proyecto de ley N.º 651/2023-CR, ley que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana”.

Luego de que Abanto recibiese este oficio, no tardó en responder. El abogado envió un escrito de 26 páginas en el que se manifiesta a favor de la ley e indica que solo se deberá cambiar el artículo 5 del Código de Procedimientos Penales.

Carlos Rivera sobre ley de impunidad

Por su parte, el abogado del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera Paz, cuestionó la aprobación de esta norma por parte de la Comisión de Constitución y la calificó como una ley "inconstitucional". En esa línea, indicó que los casos sobre delitos de lesa humanidad, que han sido resueltos hasta el 2022, serían anulados.