Bancada del prófugo Cerrón busca separar a fiscales supremos con una ley

Legisladores de la bancada Perú Libre, cuyo líder Vladimir Cerrón está condenado por corrupción y se encuentra prófugo de la justicia, presentaron ayer un proyecto de ley para declarar en emergencia el Ministerio Público y remover al fiscal de la Nación y a todos los miembros de la Junta de Fiscales Supremos.

Se trata de una propuesta similar al texto en borrador que circuló en días previos, de autoría del legislador Jorge Montoya, de Renovación Popular; situación que evidencia nuevamente una agenda en común de la derecha y la izquierda para golpear al sistema de justicia.

El proyecto de Perú Libre tiene como autor principal a Segundo Montalvo (Amazonas) y lo secundan los cerronistas Margot Palacios (Ayacucho), Waldemar Cerrón (Junín), María Agüero (Arequipa), Américo Gonza (Cajamarca) y Kelly Portalatino (Áncash).

La iniciativa contempla como propuesta principal declarar en emergencia el Ministerio Público, “suspendiéndose por ello las funciones del fiscal de la Nación y de la Junta de Fiscales Supremos”.

En su lugar, proponen crear una llamada asamblea nacional de fiscales, con siete integrantes elegidos entre los presidentes de las juntas de fiscales superiores y los presidentes de las juntas de fiscales provinciales. Es decir, autoridades de rango inferior del Ministerio Público.

Como en los años de la dictadura de Fujimori y Montesinos, el proyecto de Perú Libre contempla, además, propuestas de “interpretación auténtica” de tres artículos de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Rechazo al proyecto

El secretario de la Federación Nacional de Trabajadores del Ministerio Público, David Hereña, expresó su rechazo a este intento de transgresión de la autonomía constitucional de la Fiscalía y adelantó que las bases en el país ya evalúan eventuales acciones de protesta.

“Es clarísimo que la motivación no es la reorganización. Lo que buscan es el control sobre el Ministerio Público y eso está mal, porque muchos legisladores, además, están involucrados en investigaciones”, cuestionó.

Previo al trámite formal del proyecto, el fiscal de la Nación, Juan Villena, calificó a este planteamiento como “abiertamente inconstitucional y arbitrario”.

Los presidentes de las juntas fiscales provinciales también adelantaron que estarán alertas “ante cualquier intento de vulneración al orden constitucional y al Estado de derecho”.