Abogado de Betssy Chávez pedirá que el juez Checkley se inhiba en caso de golpe de Estado

El abogado Raúl Noblecilla, quien ejerce la defensa legal de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, anunció que se presentará —este lunes 15 de enero— un pedido de inhibición contra el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, en el marco del proceso que se le sigue al exmandatario Pedro Castillo y los excolaboradores de su Gobierno por el fallido intento de golpe de Estado, el cual ocurrió el 7 de diciembre del 2022.

“Aquí no se trata de derechas o izquierdas, ¿estamos en un proceso regular? ¿Podemos albergar justicia con un juez Checkley? El día de hoy (lunes 15) estamos pidiendo su inhibición porque tiene que inhibirse. Cómo una persona que está cuestionada por querer intercambiar favores con la criminal Patricia Benavides siga ejerciendo como juez tutelar de derecho de las partes”, declaró a Exitosa.

¿Por qué se pide la inhibición de Checkley?

Raúl Noblecilla hace referencia a una declaración que brindó Jaime Villanueva, exoperador de Patricia Benavides, ante el Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder, en la que indicó que el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley habría aceptado archivar una investigación contra la jueza superior Enma Benavides a cambio de ser favorecido en un proceso en su contra.

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Checkley se encuentra investigado en el caso denominado como Los ilegales de Piura, una supuesta red de magistrados que aceptarían sobornos a cambio de fallos judiciales. El caso se encuentra en la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo del fiscal Uriel Terán. Este también tendría en sus manos el caso de la hermana de la suspendida fiscal.

De acuerdo a Jaime Villanueva, Juan Carlos Checkley debía aceptar el sobreseimiento a favor de Enma Benavides. A cambio, el fiscal Uriel Terán archivaría la investigación de Los ilegales de Piura que lo involucra.

Fiscalía pide 34 años para Pedro Castillo y 25 para Betssy Chávez

En tanto, la Fiscalía de la Nación solicitó al Poder Judicial imponer 34 años de prisión contra el expresidente Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública.

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Para quienes serían sus cómplices, el Ministerio Público pidió 25 años de pena privativa de la libertad para Betssy Chávez (jefa de la PCM durante el golpe de Estado) y 15 años para Aníbal Torres, quien ya no era ministro, pero se desempeñaba como asesor presidencial. También 25 años para los exministros Roberto Sánchez (Mincetur) y Willy Huerta Olivas (Interior).