Dina Boluarte saca a Alberto Fujimori y quebranta la justicia internacional

El gobierno de Dina Boluarte soltó al expresidente Alberto Fujimori, condenado por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, en una decisión que quebranta la justicia internacional: la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) había instado al Estado peruano a no excarcelarlo hasta que defina si la resolución del Tribunal Constitucional (TC) favorable al exdictador haría incumplir la sentencia supranacional sobre los casos que lo llevaron a prisión.

Boluarte pone al Perú en la lista de países que desacatan a la Corte IDH, como Venezuela y Nicaragua, al seguir el cuestionado acuerdo de tres magistrados del TC, vinculados al fujimorismo y a la derecha que le es afín. Aunque pudo haber atendido a la justicia internacional, que alertó el grave riesgo de caer en la impunidad de las matanzas de Fujimori, no lo hizo.

Desde temprano, afuera del penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate, simpatizantes de Fujimori lo vitoreaban esperando su salida. Su abogado, Elio Riera, trajinaba en trámites. Políticos fujimoristas se sumaban a visitas y bochinche.

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La duda sobre lo que haría el gobierno resurgió cuando se supo de una reunión de sus altos funcionarios tras el requerimiento de la Corte IDH de no ejecutar la resolución del TC que ordenaba liberar al exdictador.

Esa decisión del máximo fuero constitucional fue dada por Francisco Morales, brazo derecho del excongresista fujimorista Carlos Mesía; y los magistrados Luz Pacheco, supernumeraria del Opus Dei, grupo afín a los ‘naranjas’; y Gustavo Gutiérrez Ticse, que fue abogado de Renovación Popular y departía con el colectivo ultra de La Resistencia. Obviaron a los otros tribunos.

Sin embargo, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) confirmó que cumpliría la resolución del TC y no el requerimiento de la Corte Interamericana.

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Los hijos del exdictador, la lideresa ‘naranja’ Keiko Fujimori y el excongresista Kenji, fueron en un auto a Barbadillo para la liberación de su padre. Tras un tiempo de espera, finalmente salieron del recinto con el exmandatario condenado por homicidio y corrupción. Se cumplió entonces la pretensión de revivir el indultó que le concedió Pedro Pablo Kuczynski a fines del 2017, cuando gobernaba el país, y que luego fue anulado por el Poder Judicial tras detectar graves irregularidades.

“Quiero agradecer de todo corazón al presidente, al ex presidente PPK, por haber tenido la sensibilidad y la empatía de haber otorgado el indulto humanitario”, dijo Kenji anoche a la prensa junto a su hermana.

“Me uno a las palabras de agradecimiento a PPK que otorgó el indulto, y a todas las personas y autoridades que con entereza y valentía enfrentaron todo tipo de presiones”, adujo Keiko.

No mencionaron a las víctimas de las matanzas ni la deuda de su padre con el Estado. La Procuraduría anticorrupción informó que Fujimori debe 51 millones de soles de reparación civil por el allanamiento a la casa de Vladimiro Montesinos, la compra de Cable Canal de Noticias y la millonaria compensación laboral a su exasesor.

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Fujimori además tiene pendiente el caso Pativilca, por el asesinato de seis comuneros en 1992 a manos del grupo Colina, los mismos militares ejecutores de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.

Ante la anunciada liberación del exmandatario, la Fiscalía solicitó que en este caso se le cambie su condición de reo en comparecencia con restricciones a que tenga detención domiciliaria por 18 meses. “Se debe considerar que el citado procesado presenta lazos familiares en el extranjero siendo Tokio-Japón donde se refugió”, dice la fiscal Raquel Cárdenas en su alegato.

La defensa de los deudos pide que le dicte prisión preventiva. “Al ser este un proceso que involucra no sólo a Fujimori, sino también a Montesinos, altos mandos militares como Hermoza Ríos e integrantes del destacamento Colina, hay peligro de que pueda evadir la justicia (peligro de fuga) y/o realizar acciones que impidan conocer la verdad de los hechos”, aduce el abogado Christian Huaylinos.

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El próximo 18 de diciembre debe iniciar el juicio por este caso. La defensa de las víctimas considera que es inminente que Fujimori sea condenado por esta masacre dados los antecedentes de las sentencias anteriores. La Fiscalía plantea pena de 25 años de prisión. Es decir, Fujimori puede volver a la cárcel por esta otra matanza como las otras.

Diversos especialistas advierten que este desacato afecta al Perú porque se evidenciará que el Perú no cumple sus compromisos internacionales y también implican delitos cometidos por los magistrados del TC, que pueden ser procesados cuando se vaya el Congreso afín al fujimorismo. En tanto, la defensa de las víctimas de Fujimori en el caso Pativilca solicitará prisión preventiva para el exdictador mientras se le procesa. Un pedido de la fiscalía también ingreso a la sala judicial.

“En este momento, el Ejecutivo ha colocado al estado peruano en la condición de estado transgresor de un mandato de un Tribunal Constitucional protector de los DD. HH. al cual el Perú está adscrito. El Gobierno ha convertido al Estado en un pais transgresor de los tratados internacionales. Era el encargado de velar por ese mandato de la Corte IDH dirigido al gobierno. Las consecuencias no son al derecho interno, todavía. La consecuencia inicial es que va a hacer visto por otros estados como un estado que no cumple con sus tratados. La OEA puede determinar acciones contra el Estado Peruano como la separación del Estado, aunque es difícil al momento. Es la negación del derecho internacional. Las consecuencias más tangibles serán que otros estados valoren al Perú como un pais que no cumple con sus obligaciones internacionales y que se burla de ellos”, opinó Omar Cairo para La República.

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Consecuencias

Diversos especialistas advierten que el desacato a la justicia internacional afecta gravemente al Perú: evidencia que el país no cumple sus compromisos internacionales. Además, se consideran delitos que complicarían por los magistrados del TC, quienes pueden ser procesados cuando se vaya el Congreso actual.

La congresista Ruth Luque, de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, presentó denuncia constitucional contra Morales, Pacheco y Gutiérrez, aunque aún falta respaldo parlamentario.

“El gobierno ha convertido al Estado en trasgresor de los tratados internacionales. Era el encargado de velar por ese mandato de la Corte IDH. La consecuencia inicial es que será visto como Estado que no cumple con sus tratados. La OEA (Organización de los Estados Americanos) puede determinar acciones contra el Perú hasta su separación”, asevera el constitucionalista Omar Cairo, profesor de la Universidad Católica.

“La Corte IDH ya pidió informe con la medida cautelar de su presidente. Habrá audiencia de supervisión. Viene una nueva resolución con lo que dirá de la Corte y un reporte a la OEA del desacato”, señaló el abogado César Azabache, exprocurador anticorrupción, en La República.