Acción Popular insiste con elección de defensor del Pueblo pese a orden del PJ
Elvis Vergara señaló que el Congreso de la República cuenta con autonomía y no está sujeto a órdenes de otro poder del Estado.
El vocero de Acción Popular, Elvis Vergara, se pronunció sobre la orden del Poder Judicial acerca del proceso de elección del nuevo defensor del Pueblo hasta que se resuelva la acción de amparo interpuesta por el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo. El acciopopulista consideró que le corresponde al Parlamento continuar con el tema debido a que el Poder Legislativo cuenta con autonomía.
“El procurador del Congreso tendrá que hacer su trabajo y darnos a nosotros un informe sobre lo que tenemos que hacer. Particularmente, mi posición, considero que sigamos en este proceso porque no debemos tener injerencia de otro poder distinto en funciones que nos corresponden a nosotros”, declaró en los exteriores del Parlamento.
El pedido de insistencia desde Acción Popular se realiza a pesar de que el Poder Judicial advirtió “un peligro inminente de que el referido proceso de elección (del defensor) termine realizándose sin los requisitos mínimos de publicidad, transparencia y participación de la sociedad civil”.
PUEDES VER: María del Carmen Alva denunciará a “responsables” de filtrar audios con contenido golpista
Poder Judicial ordena suspender proceso de selección
Este jueves 9 de junio, el Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima emitió una resolución que ordena a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, suspender el proceso de elección del defensor del Pueblo.
“Se ordena a la presidenta de la mencionada comisión especial (María del Carmen Alva) suspender, de manera provisional, el actual procedimiento de elección del nuevo defensor del pueblo convocado por la actual Comisión Especializada del Congreso de la República, hasta que se culmine la tramitación del presente proceso. Bajo los apercibimientos de ley por su incumplimiento”, se lee en el documento del PJ.
Esta decisión se adoptó luego de que el Sindicato de la Defensoría del Pueblo cuestionara, en sede judicial, la falta de transparencia del proceso, además de la ausencia de mecanismos que garanticen la participación ciudadana.