Acuerdo Nacional y Consejo de Estado: los pedidos a Pedro Castillo que aún no se concretan
Entre interpelaciones, paros, manifestaciones, comentarios desatinados y postergaciones, los mecanismos de concertación de poderes en el país parecen ser usados como promesas vacías, y no como medidas de solución.
¿Qué pasa cuando un Gobierno lleva toda su gestión sumida en una crisis política? Esta es una pregunta para la que Pedro Castillo ha encontrado una solución; la cual consiste en “anunciar” el desarrollo de importantes reuniones, como el Acuerdo Nacional o el Consejo de Estado. Eventos para los que el mandatario aún no se ha decidido ni a establecer una fecha para llevar a cabo.
Estos mecanismos de concertación que provienen desde el Ejecutivo parecen ser una suerte de promesas que el mandatario usa para aplacar los ánimos caldeados de un país que, en pocas semanas, ha pasado por paros, protestas, manifestaciones en diferentes puntos del país, comentarios desacertados, como los de Anibal Torres, y traspiés que debilitan el respeto a entidades gubernamentales que son cruciales para el equilibrio de poderes.
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Un Acuerdo Nacional pendiente
La figura del Acuerdo Nacional busca reunir a diferentes instituciones de la sociedad civil con las cabezas máximas del Estado, como lo son el presidente del Ejecutivo, representantes de los partidos políticos que conforman el Congreso de la República y alcaldes de Gobiernos regionales y municipalidades; con el objetivo de desarrollar políticas de Estado que hayan sido creadas con base en el diálogo de todas estas instituciones.
Durante el gobierno de Pedro Castillo, el Acuerdo Nacional se ha llevado a cabo sólo una vez, en agosto del 2021. En esa época, recién se estaba saliendo de la teoría del fraude electoral, y Pedro Castillo estaba orillado a gobernar junto a una oposición a la que le costaba aceptarlo como el nuevo mandatario.
Así, se acordaron diferentes políticas, dentro y de las más importantes, figuraban la restitución de la bicameralidad, la reelección de congresistas, la eliminación de la cuestión de confianza obligatoria y facultativa y la supresión de la causal de vacancia por incapacidad permanente a cambio de sustituirla por el juicio político, decisiones que no se han tomado hasta la fecha y, en cambio, algunas han sido utilizadas en febrero de este año para nuevamente intentar desarrollar un proceso de vacancia contra el presidente.
En los últimos días, con la aparición de manifestaciones y paros de diferentes gremios en todo el territorio peruano, Castillo deslizó nuevamente la idea de establecer una fecha para la realización del Acuerdo Nacional. Max Hernández, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, se pronunció en los últimos días con la intención de poner como prioridad el establecimiento de un nuevo gabinete ministerial y, según sus declaraciones, Pedro Castillo dio muestras de entenderlo, pero el mandatario no se ha vuelto a pronunciar por el tema y la asignación de una fecha sigue pendiente.
Un detalle curioso, sin duda, es la manera en que el presidente recuerda estos mecanismos de concertación cada vez que se ve duramente cuestionado. En febrero, mientras se enfrentaba al proceso de vacancia que le impuso el Congreso, solicitó que se realizara la reunión del Acuerdo Nacional; sin embargo, no existía una amplia disposición por parte de los representantes. Las entidades participantes accedieron a desarrollar dicho acuerdo un mes después, el 26 marzo del 2022, pero la reunión fue pospuesta por el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.
El ministro Aníbal Torres se ha manifestado en contra de la realización de un Acuerdo Nacional, y ha calificado al cardenal Pedro Barreto, participante del Acuerdo, como “miserable” y considerando a la reunión como una medida inefectiva, ante la inexistente aplicación de los acuerdos tomados en la última reunión.
El Consejo de Estado prometido
Este es otro mecanismo de diálogo que se ha mencionado en los últimos días, a raíz de una falta de acción ante políticas de Estado para la resolución de los conflictos sociales y políticos que se están dando en el país en las últimas semanas. El Consejo de Estado es una iniciativa de concertación y es convocada por quien ocupe el puesto de presidente de la República. En esta reunión se convoca a las más altas autoridades de los tres poderes del Estado: el presidente, los titulares del Congreso y el presidente del Poder Judicial, además de otras autoridades como el fiscal de la Nación y el presidente del TC.
Durante el Gobierno de Pedro Castillo nunca antes se ha ejecutado un Consejo de Estado, pero a raíz de las recientes declaraciones de la actual presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, este mecanismo ha cobrado relevancia como una manera de encontrar un consenso entre las posiciones contrarias que se ven entre el Legislativo, el Ejecutivo y ciertas instituciones máximas que tendrían tendencias marcadas hacia uno u otro lado.
El pasado 7 de febrero, la jueza suprema Elbia Barrios solicitó a Pedro Castillo que se convoque una reunión de urgencia del Consejo de Estado. Dos meses y dos cartas después, la presidenta del Poder Judicial se pronunció el 20 de abril, e indicó que el presidente no le prestaba atención a sus solicitudes. En dichas declaraciones, Barrios manifestó su preocupación al declarar que sus cartas no han servido de nada, y que era imperativo encontrar soluciones para fortalecer las instituciones.
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El 21 de abril, el presidente Castillo finalmente se pronunció ante estos pedidos, y afirmó que la convocatoria se daría “cuando lo considere oportuno”. Elvia Barrios no está contenta con la falta de interés que el presidente ha mostrado ante la concertación de un Consejo de Estado, y ha cuestionado sus actitudes, bajo la premisa de que los poderes del Estado “no podemos ponernos de espaldas a la situación del país”.
Por otro lado, Vladimir Cerrón también se manifestó en contra de la idea de que se establezca un Consejo de Estado, y apuntó que el único objetivo de esta reunión es solicitar la renuncia del presidente. Además de aclarar que el fin de un evento como ese es montar un show mediático para defender un estatus quo.
Hasta ahora no existe una fecha para este mecanismo de consenso, y la idea tiende a disolverse a medida de que los ánimos entre cada poder se van caldeando poco a poco. Con las declaraciones de Castillo, la propuesta de un Consejo de Estado queda cada vez más en el aire y, si bien no ha descartado la idea, tampoco la confirma.
