Piden a Sala Penal asegurar trato digno para quienes acusan a militares de violación sexual

A tres años desde que se inició el segundo juicio oral por el caso Manta, en el que son procesados 13 militares por violaciones sexuales —hechos considerados delitos de lesa humanidad y cometidos durante el conflicto armado interno—, las mujeres agraviadas del distrito de Manta en Huancavelica y su defensa piden a los jueces que garanticen un trato digno que no las revictimice durante las audiencias en las que brindan su testimonio por los horrores que vivieron.

Las nueve denunciantes vienen brindando su testimonio ante la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional, que preside del juez René Martínez Castro. Sin embargo, se permite que la defensa de los acusados refuerce estereotipos de género y estrategias ofensivas contra las denunciantes.

Cynthia Silva, directora de Demus, sostiene que el tribunal “no ha logrado un efectivo control del tipo de preguntas insidiosas y la forma ofensiva de preguntar por parte de los abogados de los acusados. Asimismo, no ha tomado ninguna medida frente al reiterado incumplimiento de parte de los procesados de mantener apagadas sus cámaras durante las audiencias virtuales cuando las denunciantes declaran, a pesar de que el propio colegiado estableció esa regla para evitar afectaciones adicionales a estas mujeres, que concurren a declarar con estrés postraumático y que al verlos condicionan su testimonio por el miedo que les tienen, además del agotamiento emocional”.

La abogada feminista también señaló que los jueces deben evitar que los acusados o su defensa hagan uso y abuso de estereotipos de género o preguntas que partan de la presunción de los hechos de violación sexual materia del juicio como relaciones sentimentales o de pareja señalando frases como “¿eran pareja y ahora denuncias porque te dejó?”, “¿querías un padre para tu hijo?”, “¿tuvo pareja antes de la violación?”.

“Los jueces deben comprender que el hecho de que las mujeres vayan a declarar es un momento que se debe entender como terapéutico, por tanto, muy respetuoso y cuidadoso, no como otra violación a sus derechos. Se debe generar condiciones más humanas y comprensivas de los impactos con los que llegan las agraviadas, además de sus necesidades en este proceso”, sostuvo Silva.

Testimonios

Uno de los testimonios es el de M. A. E., quien fue víctima de violación por los soldados a los 16 años. Se le preguntó: ¿Cómo afectó su vida quedar embarazada a la edad de 16 años? La mujer contestó: “Mi vida a partir de lo que he salido embarazada producto de las violaciones, mi vida no era vida, hasta en las noches tenía que dormir con la luz prendida porque tenía mucho miedo. He vivido traumada todo este tiempo. No podría querer a esas hijas porque truncaron mi vida, mi proyecto de vida, mi mente. Dios es testigo de todo lo que me ha pasado. Ojalá que nunca más ocurra esta tragedia a ninguna mujer. No deseo para ninguna hija, ninguna nieta, para ninguna sobrina; es muy triste vivir así hasta ahorita”.

Otro testimonio fue el de M. A. B., quien también narró los obstáculos en su vida tras quedar embarazada producto de las violaciones.

El juez preguntó: ¿Con quién dejaba a su hijo para ir al colegio? Ella respondió: “Con nadie lo dejaba, lo llevaba conmigo cargado”. “Mi mamá me mantenía, de la chacra comía, tomaba leche, mi hijo no tenía nada que vestir”.

Víctor Álvarez, abogado por Demus para el caso Manta, señala que los nueve testimonios escuchados muestran un relato coherente de los hechos ocurridos.

“Los testimonios de este grupo de mujeres son coherentes sobre los abusos sufridos por parte del Estado. El relato de los hechos refuerza las denuncias. Estas mujeres merecen y necesitan justicia después de tantos años de ser víctimas de una estructura machista y patriarcal del Estado y las instituciones castrenses que las revictimizan”, sostiene el abogado.

Luego de la emisión de los testimonios de las sobrevivientes de Manta, la Sala Penal pasará a evaluar la actuación de pruebas e informes periciales que detallarán, por ejemplo, el nivel de estrés post traumático de las denunciantes, en su mayoría mujeres campesinas, además de otras secuelas y afectaciones.

El dato

El segundo juicio inició el 13 de marzo de 2019 tras anularse el primer juicio a pedido de la defensa de las denunciantes porque los magistrados no aseguraban un proceso justo.