Paredes sobre publicidad estatal: “Invoco a la Contraloría y a la Fiscalía a que tome acciones”
La congresista del Partido Morado se refirió a la denuncia que realizó la ex funcionaria de la PCM sobre un presunto direccionamiento en la publicidad por parte del primer ministro Aníbal Torres.
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Tras la denuncia realizada por Ximena Pinto, ex secretaria de comunicaciones de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), sobre un presunto direccionamiento de la publicidad estatal, la congresista Susel Paredes (Partido Morado) solicitó al Ministerio Público y a la Contraloría que se investigue el hecho como corresponde para determinar las responsabilidades del caso.
“Las declaraciones de la encargada de comunicaciones ahora tienen que ser analizadas por la Fiscalía, si hubiera indicios de delito, y la Contraloría porque hay unos procesos que se tienen que cumplir, entonces lo que debemos hacer para que la institucionalidad funcione es que cada organismo se ocupe de investigar. Invoco a la Contraloría y a la Fiscalía de la Nación a que tome las acciones según sus competencias”, señaló acorde a RPP.
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Como se informó, el último jueves 24 de febrero Pinto indicó que el primer ministro Aníbal Torres le dijo que no se iba a contratar con los medios de comunicación del Grupo El Comercio para la difusión de la publicidad del Estado sobre el retorno a clases.
Por su parte, Torres no ha negado que la indicación se haya dado, en vez, se justificó afirmando que no ha ido “contra la ley”, dado que no hay ninguna norma que indique que el Estado debe colocar publicidad en los medios según su nivel de audiencia.
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Soto también cuestiona presunto direccionamiento
En otro momento, el congresista de Acción Popular Wilson Soto también ha cuestionado el accionar del presidente del Consejo de Ministros, porque considera que sería una represalia contra el medio de comunicación que no es de su agrado.
“Hemos solicitado la investigación correspondiente a la Comisión de Fiscalización y a la Contraloría. Es inaceptable que el Gobierno utilice la publicidad como mecanismo de represalia política, restringiendo el acceso a la información de la población, que es un derecho y no puede ser manipulada por intereses políticos”, sostuvo Soto.
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