Susana Villarán: Empresas deben ser incluidas a investigación por presunto lavado de dinero
Equipo Especial Lava Jato pidió ante el Poder Judicial que 10 empresas deben ser incorporadas a la investigación por los casos OAS y Odebrecht contra Susana Villarán.
Diez empresas relacionadas a la investigación contra la exalcadesa Susana Villarán de la Puente por los casos OAS y Odebrecht podrían ser incluidas como procesadas por lavado de activos.
Según el fiscal adjunto de José Domingo Pérez (quien conduce el proceso), Alex Santa Cruz, todas formaron parte de un esquema de triangulaciones y contratos ficticios para “blanquear” dinero ilegal de las constructoras brasileñas antes mencionadas y apoyar así a las campañas de No a la revocatoria en 2013 y de reelección municipal de Villarán en 2014.
Depende del juez Jorge Chávez Tamariz, del Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria, aprobar o no la solicitud del Ministerio Público. Por el momento, la evaluación de este pedido donde escuchará también a los abogados de las empresas continuará el siguiente miércoles 2 de marzo a las 10:45 a.m. Asimismo, tal como había anunciado antes La República, estas son las 10 empresas en cuestión:
- Momentum Ogilvy & Mather S.A.
- Chirinos y Salinas Asociados S.A.C. (CHISAC)
- Asociación de Amigos de Lima Metropolitana
- Constructora, Consultora y Servicios Generales Generación S.A.
- CMR Construcciones S.A.C.
- Rentable.pe S.A.C.
- Mindshare Perú S.A.C.
- J. Walter Thompson Company Sucursal del Perú
- Asociación Ciudadanos por Lima
- Diálogo Vecinal
De esta manera, Santa Cruz sostuvo que la empresa CHISAC fue la encargada de recibir US$200 mil de parte de la empresa Graña y Montero, quien también aportó a la campaña contra la revocatoria de la entonces burgomaestre Villarán de la Puente para obtener la obra Concesionaria Vía Expresa Sur. De ese monto, US$100.000 fue para Chisac y los US$100.000 restantes fueron para Momemtum Ogilvy.
Acerca de Ogilvy, cuyo CEO en Perú es Óscar Vidaurreta, otro coinvestigado del caso, el fiscal indicó que habría recibido parte del US$1.000.000 que aportó la constructora OAS para la campaña contra la revocatoria de Villarán en 2013 por solicitud de José Castro Gutiérrez, exgerente de la Municipalidad Metropolitana de Lima, justo “a través de contratos ficticios previamente acordados por Vidaurreta”
En resumen, el fiscal añadió que ambas empresas “fueron instrumentalizadas para mover dinero ilícito, darle apariencia de legalidad e ingresarlo al sistema bancario peruano”.
En relación con la Asociación Amigos de Lima Metropolitana, el fiscal resaltó su creación entre el 2012 y 2013 así como la apertura de cuatro cuentas bancarias con el fin de dar financiamiento a Villarán. De igual forma, CMR y Contructora Generación, de César Meiggs Rojas, coinvestigado del caso, el fiscal también manifestó que las empresas sirvieron “para la recepción de dinero para la reelección municipal de Villarán en 2014″.
La empresa Generación de Meiggs, por su parte, hizo una transferencia al exterior a favor de Rentable PE SAC por S/1. 390.008; mientras que Diálogo Vecinal recaudó dinero ilícito para la campaña de reelección de 2014, resaltó el fiscal, pues tanto la Fiscalía como la ONPE verificaron que más de 30 persosnas negaron haber dado aportes para Villarán.
A contrarreloj
El magistrado Chávez Tamariz ha aprobado la semana pasada ampliar por 6 meses más la investigación contra Villarán por diligencias e información pendiente de recabar del extranjero. En este sentido, la Fiscalía tiene un plazo máximo hasta agosto, aproximadamente, para concluir el caso y presentar una acusación.
Se trata de un caso complejo, pues actualmente abarca a 20 personas, entre las que se encuentran Susana Villarán, Domingo Arzubialde, entre otros; además de 6 empresas en calidad de terceros civiles responsables (que podrían pagar una reparación civil al Estado) y 10 empresas en curso de ser incorporadas a la investigación, entre las que figuran CHISAC, Asociación Amigos de Lima Metropolitana y Diálogo Vecinal.
Susana Villarán tiene desde mayo de 2020 una orden de arresto domiciliario, que se cumplió a mediados de mayo del 2021. Además, la exfuncionaria es procesada por cinco delitos: lavado de activos, cohecho pasivo propio, asociación ilícita, falsedad genérica y falsa declaración.
Las hallazagos de la Fiscalía determinaron de este modo existió una organización criminal liderada por Villarán entre 2011 y 2014 y que recibió US$10 millones de las constructoras Odebrecht y OAS para sus campañas contra la revocatoria en 2013 y reelección municipal en 2014.
El caso también tiene como procesados a Miguel Castro Gutiérrez, Gabriel Prado Ramos y otros exfuncionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima así como empresarios y publicistas.
