Advierten que Aníbal Torres habría incurrido en delito

La denuncia que hizo la periodista Ximena Pinto, en el sentido de que el premier Aníbal Torres la despidió del cargo que ocupaba en la Presidencia del Consejo de Ministros por negarse a cortar la publicidad al diario El Comercio, puede tener implicancias legales a nivel constitucional y penal. Así lo sostuvo el abogado penalista y especialista en libertades informativas Roberto Pereira.

Según Pereira, lo dicho por Pinto está calificado como violación de la libertad de expresión indirecta; esto es, la asignación discrecional de publicidad estatal para castigar o premiar a un medio por su línea editorial. “Es una conducta violatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 13.3, y de la Constitución peruana, en su artículo 2.4. Esto puede generar al Perú responsabilidad internacional”, dijo.

Desde lo penal, el abogado explicó que podrían configurarse dos figuras. Una es la malversación, que implica disponer o asignar recursos del Estado a finalidades diferentes a las previamente destinadas. “Acá aparentemente no se habría ejecutado, pero el código penal sanciona la tentativa”, añadió.

La otra posibilidad de imputación delictiva es la colusión, si se logra acreditar que entre el Gobierno y otros medios hay un acuerdo para favorecerlos con fondos públicos a cambio de una cobertura favorable.

Torres se defiende

En un comunicado, el Consejo de la Prensa Peruana pidió que el premier explique lo señalado el miércoles por Pinto. Por la noche, Torres insistió en que la mayor publicidad se tiene que hacer en los medios del Estado y además también había que considerar a medios de las regiones y locales. “No debe haber monopolio... Yo no actúo al margen de la ley”, indicó.

Luego, también confirmó que la discusión fue precisamente porque la periodista le dijo que no estaba bien sacar del plan de medios de la campaña escolar a El Comercio y a Canal 4 por razones nada técnicas, como ‘atacar’ al Gobierno.

De acuerdo con el CPP, “el direccionamiento” denunciado por Pinto “representa un delito y un atentado contra el derecho de los ciudadanos a informarse de las actividades de su Estado”.

Respecto a ese último punto, Pereira tuvo una lectura similar. Indicó que, en efecto, se estaría afectando el derecho al acceso a la información de la población.

Pinto, de amplia trayectoria en el Estado, trabajaba en el Ministerio de Justicia con Torres. Cuando este fue nombrado premier, se hizo cargo de la Secretaría de Comunicación Social, que maneja un presupuesto de 18 millones de soles para publicidad. Ella asegura que defendió la necesidad técnica de no excluir a El Comercio. Incluso pidió a los asesores del presidente Castillo que intercedieran con él para buscar una solución. Igual Torres la despidió.

En su cuenta de Twitter, la periodista escribió: “Tengo 20 años trabajando en el Estado. No soy una improvisada. Aquí no se trata de cambiar las cosas y decir que uno quiere favorecer a un medio o a otro. Se trata de hacer lo que es técnicamente correcto. Nada justifica aceptar aquello que pueda traerte consecuencias legales o procesos administrativos. Me voy de la PCM muy decepcionada, pero con mi honradez intacta”.

También le respondió a Vladimir Cerrón, quien afirmó en redes que Pinto era una “infiltrada” para “direccionar las licitaciones” en favor de ciertas empresas. ”A usted le encajaría bien el dicho ′el ladrón cree que todos son de su misma condición′”, escribió la denunciante en réplica a lo dicho por el fundador de Perú Libre. Finalmente, el presidente de la Comisión de Transportes del Congreso, Alejandro Soto, citó a Pinto y Torres para el miércoles dos de marzo.

Publicidad del Estado debe ser transparente

Para Ipys, la publicidad estatal debe ser asignada “con la mayor transparencia y en función de las necesidades informativas de la población, que deben ser satisfechas por el Estado”. La institución señaló además que resulta indispensable recurrir a los medios con llegada a las audiencias específicas.

“La denuncia de Pinto demostraría un propósito de malversar fondos públicos para asignarlos a medios afines al Gobierno, al mismo tiempo que se desinforma a la ciudadanía”, dijo Ipys.