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Política

Evaluación de declaraciones juradas de candidatos al TC concluye este martes 8 de febrero

Tras esta etapa, el grupo de trabajo parlamentario que escoge a los nuevos tribunos notificará las observaciones hechas a los candidatos y tendrán un plazo de seis días para levantarlas.

El último 11 de noviembre los tribunos tomaron esta decisión por unanimidad. Foto: composición/La República
El último 11 de noviembre los tribunos tomaron esta decisión por unanimidad. Foto: composición/La República

La Comisión Especial encargada de seleccionar a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) concluirá este martes 8 de febrero la evaluación de las declaraciones juradas de los aspirantes, según el cronograma fijado. Esta labor se encuentra a cargo de la Contraloría y comenzó el último 19 de enero.

Asimismo, durante este periodo, la entidad cruzará información con el grupo parlamentario para ver qué declaraciones deben ser examinadas. De ese modo, se pondrán a evaluación las que hayan sido seleccionadas, por lo que el proceso durará hasta el próximo martes.

Posterior a esto, el 9 de febrero se les notificará las observaciones hechas a los candidatos a tribunos y estos tendrán como fecha límite el 15 de febrero para levantarlas, según lo que les indiquen desde la Comisión TC.

La siguiente etapa del proceso de selección de tribunos va desde el 16 al 25 de febrero, en la cual los miembros de la comisión especial revisarán las observaciones que existan en el informe de la Contraloría, junto al levantamiento de las observaciones hechas por los candidatos.

Del mismo modo, el cronograma también establece que desde el 28 de febrero al 2 de marzo será la etapa de resolución de observaciones y su levantamiento por parte del grupo de trabajo parlamentario.

TC desestimó demanda inconstitucionalidad sobre cuestión de confianza

El último 3 de febrero, el Tribunal Constitucional, con cuatro votos a favor y dos en contra, desestimó la demanda de inconstitucionalidad que había presentado el Ejecutivo sobre la ley que limita la cuestión de confianza, aprobada por insistencia por el Pleno del Congreso. El Gobierno de Pedro Castillo necesitaba cinco votos para declarar inconstitucional dicha norma, pero no los consiguió.

Los magistrados Eloy Espinosa-Saldaña y Marianella Ledesma fueron los únicos que le dieron la razón a la demanda presentada por el Poder Ejecutivo, mientras que Augusto Ferrero, Manuel Miranda, Ernesto Blume y José Luis Sardón votaron a favor de que sea rechazada.