Pedro Castillo, Mirtha Vásquez, Pedro Francke y Guido Bellido son denunciados ante SAC
La Asociación Integridad presentó una denuncia constitucional contra los funcionarios ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales al señalar que el Ejecutivo habría transferido recursos a los ministerios sin la aprobación del Parlamento.
El mandatario Pedro Castillo; la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez; el titular de Economía, Pedro Francke y el parlamentario Guido Bellido (Perú Libre) fueron denunciados ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República.
Esto, a raíz de una denuncia presentada por la Asociación Integridad, que acusa al Poder Ejecutivo de, presuntamente, haber destinado partidas presupuestales, así como diversos recursos y créditos suplementarios a los ministerios y sectores del Gobierno sin la aprobación del Parlamento nacional.
Asimismo, el documento sostiene que “se habría infringido los artículos 77, 80, y 118, incisos 8 y 9 de la Constitución Política del Perú al haber emitido los Decretos de Urgencia n° 86-2021. 100-2021 y 105-2021, de fechas 16 de setiembre, 29 de octubre y 15 de noviembre”.
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Por su parte, Jorge Lazarte, titular de esta asociación, acusó a los cuatro funcionarios por, supuestamente, desviar fondos no presupuestados por S/ 5 mil 800 millones para “fines populistas”, con el objetivo de otorgar bonos y de financiar obras de gobiernos locales y regionales “que no son de interés público.
“La Ley de Presupuesto se aprueba una vez al año. Una vez aprobada, los ministros no pueden cambiar la ley unilateralmente cuando les parece. Cualquier crédito suplementario o transferencias de partidas que quieran realizar los ministros tienen que someterse al Congreso como si se aprobara una nueva Ley de Presupuesto”, declaró este jueves en RPP.
De igual manera, señaló que estas medidas empleadas por la gestión de Pedro Castillo, Mirtha Vásquez, Guido Bellido (ex titular de la PCM), y Pedro Francke han sido criticadas por ser consideradas “muy graves y perjudiciales para el uso de recursos públicos, que finalmente son de todos los peruanos”.