Fiscal procesa a 11 jefes PNP por asesinato de Inti Sotelo y Bryan Pintado
Investigación. Se considera que los altos jefes de la Policía ordenaron el uso indiscriminado de la fuerza para reprimir las protestas de noviembre del 2020.
El fiscal provincial Jhousy Aburto Garavito formalizó investigación preparatoria contra el ex comandante general de la PNP Jorge Lam Almonte y otros 10 altos jefes policiales por el asesinato de Jack Bryan Pintado Sánchez y Jordan Inti Sotelo Camargo y la violenta represión de las protestas ciudadanas que se dieron del 10 al 15 de noviembre del 2020.
La Fiscalía califica las muertes de Jack Pintado e Inti Sotelo como asesinato con alevosía, en un contexto de grave violación a los derechos humanos. Lo mismo para los delitos de lesiones graves y simples y abuso de autoridad, por los que deberán responder los 11 investigados.
Por los indicios recogidos, el fiscal califica que “los hechos ocurrieron en un contexto de represión policial indiscriminada, desproporcionada e ilegal por el uso arbitrario de la fuerza pública, al haber utilizado municiones prohibidas —perdigones de plomo y canicas de vidrio— y armas potencialmente letales: bombas lacrimógenas, perdigones de goma y granadas lacrimógenas de mano”.
Además, que se realizaron disparos directamente al cuerpo de los manifestantes, en las partes más sensibles del cuerpo. La represión alcanzó a los ciudadanos que actuaron como “brigadistas”, que brindaban apoyo en primeros auxilios, y lo mismo ocurrió con defensores de derechos humanos y periodistas.
Altos mandos
La Fiscalía encuentra que en estos hechos estuvieron involucrados los altos mandos, quienes abusando de su alta jerarquía habrían dispuesto las órdenes para el uso de la fuerza pública de manera desproporcionada.
Asimismo, indica que la alta cantidad de afectados y la manera en que se ha utilizado la fuerza muestra un “patrón de comportamiento que obedeció a una orden emanada de la alta superioridad policial”.
Al respecto, da cuenta de una reunión que ocurrió el 12 de noviembre con participación del entonces ministro del Interior, Gastón Rodríguez, el premier Ántero Flores-Aráoz y de 100 oficiales y suboficiales. En esa reunión, Flores-Aráoz les dijo a todos ellos que él y el presidente Manuel Merino sabían que “estaban actuando correctamente” y les daban su respaldo.
Para ese momento ya se había dado la primera marcha de protesta, se había convocado a una segunda que sería más masiva, y los medios de comunicación y diversos organismos de derechos humanos habían advertido del uso excesivo de la fuerza.
Entonces, en ese contexto, el teniente general Lam Almonte dio la orden de neutralizar toda protesta social contra el nuevo gobierno y, luego, supervisó y controló su ejecución.
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Protestas, PNP.
Investigados
Jefes. También son procesados el general Jorge Luis Cayas, jefe de la Región Lima; los coroneles Carlos Vicente Villafuerte, jefe de la División de Servicios Especiales, y Percy Tenorio Gamonal, director de la Dirección de Operaciones Especiales, entre otros altos jefes.
Vigilaremos para que se alcance una sanción real
Julio Arbizu, abogado
A pesar de la demora, casi un año, tanto la Fiscalía de la Nación, en el caso de los altos funcionarios públicos Manuel Merino y Ántero Flores-Aráoz, como la fiscal provincial Jhousy Aburto, en el caso de los mandos de la Policía, han hecho su trabajo.
Desde el Estudio Arbizu y Gamarra, como abogados de Jack Bryan Pintado y otros agraviados, nos sentimos satisfechos de la investigación y las disposiciones tomadas. Esperamos que el proceso avance y no tarde en permitir que los deudos alcancen justicia y se produzca una sanción real, que se castigue a todos los responsables de los homicidios.
El Ministerio Público ha hecho su trabajo, pero en la Policía Nacional hasta ahora no hay una sanción administrativa para los responsables, pese al tiempo transcurrido.
Es importante que en la denuncia de la Fiscalía se reconozca el derecho de los ciudadanos a la protesta. Algo que la Policía deberá tener en cuenta y no reprimir indiscriminadamente.
Urge una reforma de la Policía para que tenga en cuenta los derechos humanos al momento de cumplir sus funciones.
