Oficializan pedido para ampliar extradición contra Alberto Fujimori
Mediante resolución suprema, se resolvió acceder a la solicitud de ampliación de extradición activa por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves.
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La mañana de este viernes 1 de octubre se oficializó mediante resolución suprema publicada en el diario El Peruano la solicitud de ampliación de extradición del expresidente Alberto Fujimori Fujimori a la República de Chile por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves.
La resolución suprema n° 193-2021-JUST fue refrendada por el ministro de Justicia Aníbal Torres y el ministro de Relaciones Exteriores Óscar Maúrtua.
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El pedido fue formulado por el Segundo Juzgado Penal Supraprovincial, para que el exdictador sea procesado por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado (alevosía y explosión) en agravio de Juan Bardales Rengifo y otros, así como lesiones graves en agravio de Margot Lourdes Liendo Gil y otros.
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La medida ya había sido anunciada por el titular del Ministerio de Justicia (Minjus) tras la reunión del Consejo de Ministros del último miércoles 29 de setiembre. Mencionó que la decisión fue adoptada por el gabinete ministerial en conjunto.
“Estamos trabajando las extradiciones que han estado paralizadas y dentro de ellas hemos encontrado seis casos del expresidente Fujimori, algunos por delitos muy graves como son homicidio calificado. Lo hemos sometido a la decisión del Pleno, y han aprobado la extradición. Es una ampliación de la extradición para juzgarlo por los nuevos delitos que ha cometido”, declaró a la prensa en aquella oportunidad.
Torres Vásquez detalló el exmandatario tendrá que comparecer ante la justicia por los casos Castro Castro, Chavín de Huántar, Consejo de Defensa, de Familia Ventosilla, de Opositores (por secuestro agravado) y Panamericana TV.
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Esta es la segunda solicitud realizada al país vecino para que el proceso de extradición sea más amplio. El 28 de agosto del presente año se hizo el pedido para que Fujimori Fujimori sea juzgado por la venta de armas a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Los delitos atribuidos en dicho caso son contra la seguridad pública (suministro ilegal de armas de fuego) y contra la tranquilidad pública (asociación ilícita para delinquir).
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