IDL se pronuncia a favor de resolución del PJ: Necesitamos un Tribunal Constitucional para defender la democracia

A través de un comunicado de prensa en su web, el Instituto de Defensa Legal (IDL) sostuvo que el Tribunal Constitucional es un órgano jurisdiccional fundamental en Perú, por ello la selección y designación de sus magistrados debe cumplir con todas las formalidades y, sobre todo, “debe garantizar la elección de candidatos probos que garanticen la vigencia del Estado de derecho”, ya que “necesitamos un TC para defender la democracia”.

En su texto, el IDL también lamenta que el Congreso no haya optado por esta última vía. La entidad califica que, por el contrario, convocó “al caballazo” y “fuera de los marcos constitucionales” una cuarta legislatura. Asimismo, afirma que el Legislativo logró que todo dentro de ella sea ilegal, incluso la presurosa elección de los jueces del TC.

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“Ha sido el Congreso el que tomó el camino de ruptura de los estándares constitucionales y por eso es que el Poder Judicial ha decidido admitir la demanda presentada por el abogado Walter Ayala y, adicionalmente, en estricto cumplimiento de la ley, ha admitido una medida cautelar que dispone la suspensión provisional del proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, el cual se tenía previsto desarrollar los días 7 y 8 de julio”, se lee en el documento.

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El IDL señala, a lo largo de ocho puntos, el proceso que concluyó en la medida cautelar emitida. “La jueza constitucional de Lima, Soledad Blácido Báez, ha identificado que el uso del poder del Congreso de la República ha devenido en arbitrario: la competencia de seleccionar meritocráticamente a los candidatos y finalmente magistrados del Tribunal Constitucional ha violado no solo su propio reglamento, sino sobre todo derechos fundamentales como la debida motivación y la transparencia”, explica en el segundo apartado.

De igual manera, en otros puntos, se deja en claro que ningún órgano está exento de control en un Estado Constitucional de Derecho. Además, se afirma que de no ejecutar la decisión judicial “no solo daría cuenta de la existencia de responsabilidades políticas, sino también penales, porque evidentemente estaríamos ante un hecho constitutivo del delito de resistencia a la autoridad”.

El Instituto de Defensa Legal apunta, además, que el desacato por parte de los congresistas representaría “un vicio de nulidad más de una virtual elección de magistrados del TC”, lo que haría imposible de manera jurídica la juramentación y asunción en el cargo.