Caso contra Keiko Fujimori se mantiene y no retrocederá a investigación

El caso Cócteles contra Keiko Fujimori y otros involucrados por diversos delitos se mantendrá sin la necesidad de regresar a etapa de investigación preparatoria. Así lo ha resuelto el juez Víctor Zúñiga tras rechazar cinco pedidos que buscaban el retroceso a la etapa de indagaciones para completar diligencias que no se cumplieron en marzo pasado.

De acuerdo con la resolución a la que accedió La República, el juez determinó que no hubo vulneraciones a los derechos de los acusados por los aportes de Odebrecht, pues las declaraciones, lecturas de expedientes, y otras actividades pendientes pueden realizarse en la etapa de control de acusación o en el mismo juicio oral.

“El Juzgado no puede negar la solicitud del imputado y otros intervinientes de realizar diligencias si estas son pertinentes, útiles y conducentes, indicándoles que esperen a la etapa intermedia para incorporar los medios de prueba”, indica el juez Zuñiga, quien ha padecido alrededor de 14 recusaciones, es decir, intentos para ser apartado del caso Cócteles.

Además, el magistrado descarta cualquier intención política o maliciosa del fiscal José Domingo Pérez en su acusación, como adujeron los abogados de los procesados en audiencia: “La decisión fiscal [de concluir la investigación y acusar] tiene un amparo constitucional y legal, que es el análisis libre que elabora el representante del Ministerio Público, protegido por su autonomía”, señala Zúñiga.

“Es una afirmación sin contenido probatorio para concluir con certeza que existe un interés subalterno o subjetivo en la decisión del Ministerio Público de concluir la investigación preparatoria en este caso”, añadió el juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria con respecto a presuntos tintes políticos en el fiscal.

Tras estos fundamentos, fueron declarados infundados (rechazados) los pedidos de Keiko Fujimori Higuchi y su esposo Mark Vito Villanella, Jaime Yoshiyama Tanaka, Fuerza Popular, MVV Bienes Raíces SAC (empresa de Vito Villanella) y Luis Barboza Dávila que buscaban anular el cierre de la investigación preparatoria, solicitando en el fondo que se retroceda para continuar diligencias que quedaron pendientes.

Resulta necesario precisar que dichos acusados pueden apelar y definir tras un debate, en segunda instancia y ante un tribunal de jueces superiores, si procede o no el retroceso a investigación del caso Cócteles.

Humberto Abanto, defensor de Jaime Yoshiyama, anunció a este diario que apelará la decisión: “La resolución del juez Zúñiga deroga, para todo efecto práctico, el derecho del investigado y su defensa a solicitar las diligencias que estime pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. Es un precedente peligrosísimo que afecta el artículo 139.4 de la Constitución, que prohíbe la privación del derecho de defensa en cualquier estado del proceso”.

Por su parte, la defensa de Fuerza Popular, Elio Riera, indicó que “presentaremos oportunamente el recurso de Apelación. No daremos mayor declaración por el momento”.

Acusación fiscal

El motivo de una serie de pedidos para anular el cierre de la investigación se remonta al 11 de marzo pasado, cuando el fiscal José Domingo Pérez concluyó sus pesquisas contra Keiko Fujimori y otros involucrados y presentó su acusación al Poder Judicial.

De este modo, el fiscal pidió formalmente una pena de 30 años de prisión para la actual candidata presidencial de Fuerza Popular, y la misma sanción contra el “núcleo duro” de la presunta organización criminal que habría liderado Fujimori: Pier Figari, Ana Herz y Vicente Silva Checa.

Jaime Yoshiyama, uno de los receptores del USD1.000.000 que Odebrecht entregó para la campaña de Fuerza 2011, José Chlimper y Adriana Tarazon también figuran como acusados a los que se les podría dictar 30 años de prisión.

El resto de sanciones pedidas contra los imputados oscilan entre los 6 y 22 años de prisión. En el caso de las personas jurídicas (el partido Fuerza Popular y la empresa MVV Bienes Raíces SAC), la Fiscalía optó por la disolucion y consecuente liquidación, como se requirió anteriormente en otro caso contra el Partido Nacionalista Peruano.

Los delitos contemplados contra los 42 acusados son: crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procesos.

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