Gasoducto Sur: Incorporación de Procuraduría ad hoc se verá el 4 de junio
Solicitud de la Procuraduría ad hoc busca poder calcular una reparación civil en el caso Gasoducto Sur, en el que están incluidos Nadine Heredia y otros exministros por faverecer a Odebrecht.
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El próximo viernes 4 de junio, desde las 10 de la mañana, la Procuraduría ad hoc sustentará su pedido para incorporarse en el caso Gasoducto Sur como actor civil, en representación de los intereses del Estado para así calcular una reparación económica a favor del país.
Según conoció La República, el juez Juan Sánchez Balbuena convocó esta nueva fecha luego de que el ciudadano español Jesús Fernández Saldaña, exdirector general de Desarrollo de Enagás S.A., cumpliera con acreditar un abogado y este se opusiera formalmente al pedido de la Procuraduría.
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El 31 de marzo pasado, la audiencia para revisar la inclusión de la Procuraduría ad hoc fue suspendida porque Fernández Saldaña aún no había sido notificado en su país natal ni tenía acreditado algún defensor legal.
Ello fue resaltado por Carlos Caro Coria, abogado de la empresa Enagás S.A. para que las defensas de todos los involucrados en el caso pudieran ejercer adecuadamente su defensa en el desarrollo del proceso.
El requerimiento de la procuradora ad hoc, Silvana Carrión Ordinola, busca con ello postular un monto de reparación civil al Estado con el objeto de que los implicados, luego de una condena, paguen por los daños hechos a las instituciones del Estado.
Investigación en curso
El caso Gasoducto Sur que dirige la fiscal Geovana Mori fue formalizado en febrero del 2020. Desde entonces están incluidos como procesados Nadine Heredia, los exministros Luis Castilla, Jorge Merino, Carlos Paredes, René Cornejo, entre otros.
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Los delitos que se postulan en el proceso son los de colusión agravada, asociación ilícita y lavado de activos por presuntos favorecimientos a Odebrecht en el proyecto más costoso de la historia del Perú (USD7 mil millones).
Como hipótesis, se ha manejado también que Nadine Heredia, con 24 meses de arresto domiciliario desde agosto de 2020, habría encabezado una organización criminal junto a su esposo Ollanta Humala para beneficiar a Odebrecht en el proyecto Gasoducto Sur
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