Vacunagate: Subcomisión cita a Vizcarra, Astete y Mazzetti para el lunes 22
Grupo parlamentario programó una audiencia a partir de las 8 de la mañana para evaluar dos denuncias constitucionales contra exfuncionarios vacunados fuera de los ensayos clínicos.
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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República citó al expresidente Martín Vizcarra, así como a las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete para este lunes 22 de marzo a partir de las 8.00 a. m.
Esto, como parte de la audiencia programada por el grupo parlamentario para evaluar las denuncias constitucionales 423 y 427 para el juicio político contra los exfuncionarios investigados por recibir la vacuna del laboratorio chino Sinopharm fuera de los ensayos clínicos.
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De igual manera, se busca acusar a Vizcarra, Astete y Mazzetti por la infracción de diversos artículos de la Constitución Política del Perú tras haberse favorecido con la primera dosis de vacuna contra el coronavirus (COVID-19) durante la crisis sanitaria, social y económica que vive el país.
Es así que durante la audiencia de la Subcomisión de Acusaciones, presidida por el congresista Carlos Pérez Ochoa (Acción Popular) se tomará una decisión por las denuncias formuladas por legisladores de Nueva Constitución y el Partido Morado, buscando la inhabilitación del cargo público de los exfuncionarios por hasta 10 años en caso se logre aprobarlas en el Pleno del Parlamento.
Cabe mencionar que este miércoles se reunirá la Comisión Permanente a partir de las 14:00 horas para evaluar los informes de calificación de las denuncias 430 y 435 contra Martín Vizcara, Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete por el caso Vacunagate.
Primero, se verá el informe de calificación que declara procedente la denuncia constitucional 430, realizada por el congresista Yván Quispe, contra Vizcarra, por las presuntas infracciones de los artículos 39, 110, 118 (incisos 1 y 11) de la Constitución.
Luego, se analizará el documento que declara procedente la denuncia constitucional 435 contra el exmandatario “por la presunta comisión de los delitos de función de concusión, colusión agravada, peculado doloso, cohecho pasivo propio, negociación incompatible y tráfico de influencias”.
Se propone, además, acumular esta acusación a las denuncias constitucionales 423 y 427, que fueron calificadas como procedentes en la sesión del último 22 de febrero.
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