Subcomisión definirá si incluyen el caso Vizcarra en agenda de la Permanente
El congresista Luis Roel Alva señaló que si la SAC remite los informes correspondientes, la Comisión Permanente podrá evaluar las denuncias en la sesión del próximo 1 de marzo.
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El vicepresidente del Congreso de la República, Luis Roel Alva, explicó que las denuncias contra el expresidente Martín Vizcarra por el caso Vacunagate pueden incluirse en la agenda de la Comisión Permanente en la próxima sesión del 1 de marzo, en caso lo defina la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC).
En diálogo con Andina, el congresista de Acción Popular aclaró que esta agenda puede ser modificada si el parlamentario Carlos Pérez Ochoa, quien preside la SAC, remite los informes de calificación de las acusaciones contra el exmandatario, las cuales fueron declaradas procedentes durante la sesión del último lunes.
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“La agenda se puede ampliar, pero corresponde al presidente y al pleno de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales entregar firmados los todos informes”, sostuvo Roel.
De este modo, agregó que la Permanente debe contar con tiempo suficiente para lograr revisar los documentos con prontitud para evitar que se cuestione la labor que vienen realizando los grupos de trabajo parlamentario.
Asimismo, al ser consultado sobre si el tema tendrá prioridad en esta comisión, indicó que desde la Mesa Directiva actúan bajo el reglamento del Congreso, el cual estipula que se priorice a todos los casos por igual.
Comisión Permanente evaluará denuncia a Alarcón
En la sesión de la Comisión Permanente del próximo lunes se evaluará informe de la denuncia presentada contra el congresista de Unión por el Perú (UPP) Edgar Alarcón, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito agravado.
La denuncia contra el parlamentario fue planteada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y en el informe aprobado se recomienda que el congresista de UPP sea acusado por antejuicio político en su condición de excontralor general de la República.
En el mismo documento señalan que el legislador fue el presunto autor del delito contra la administración pública y enriquecimiento ilícito agravado, previsto y sancionado en el artículo 401 del Código Penal, en agravio del Estado peruano.
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