Caso Parinacochas: Rodolfo Orellana es condenado a 7 años y 6 meses de cárcel
La medida del Primer Juzgado Penal Colegiado Nacional contempla la misma pena para su hermana Ludith Orellana. Además, impuso una reparación civil de S/1 millón tras comprobar la apropiación y transferencia ilícita de un inmueble en La Victoria.
La República en GoogleEl Primer Juzgado Penal Colegiado Nacional impuso una condena de siete años y seis meses de prisión contra Rodolfo Orellana Rengifo por el delito de lavado de activos en agravio del Estado.
La resolución judicial responde a la acusación formulada por el Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Lavado de Activos, a cargo de la fiscal provincial Giselle Rodríguez Salcedo, la cual demostró la culpabilidad de Orellana en la apropiación ilegal de un predio en el jirón Parinacochas mediante identidades de fallecidos y traspasos a testaferros.
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La sentencia dictada por el tribunal alcanzó además a Ludith Orellana Rengifo, a quien también se le impuso una pena de siete años y seis mese en calidad de coautora. Asimismo, la sala fijó para ambos el pago de 730 días-multa, suma equivalente a S/29.930, junto a una inhabilitación por el periodo de seis meses.
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De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el proceso judicial se centró en la propiedad ubicada en el jirón Prolongación Parinacochas N.° 380, en el distrito de La Victoria. La organización apoderó el predio de manera ilegal mediante el uso de identidades de personas muertas. Posteriormente, realizaron transferencias sucesivas del inmueble entre testaferros pertenecientes al "Clan Orellana" con el fin de ocultar su origen delictivo.
Tras estas operaciones, el inmueble pasó a manos de Humberto Paulino Contreras Abanto, quien sabía del origen ilícito de la propiedad. Por este hecho, el tribunal lo condenó a seis años de prisión por lavado de activos en la modalidad de tenencia, además de 120 días-multa (S/ 4 920) y seis meses de inhabilitación.
El tribunal también ordenó el pago de S/ 1 millón como reparación civil al Estado, una obligación que asumirán entre Rodolfo Orellana, Ludith Orellana y Humberto Contreras. Además, el juez dispuso la disolución y liquidación de la empresa Administradora de Empresas Insolventes S. A. C., al determinar que la firma funcionó como herramienta para la comisión del delito.
