Procuraduría pide detención preliminar de Málaga, Cachay e implicados en caso Vacunagate

Yudith Villegas Espinoza, procuradora pública adjunta especializada en delitos de corrupción, pidió a la Fiscalía que solicite la detención preliminar por 7 días de siete denunciados por el caso Vacunagate.

Se tratan de Germán Javier Málaga Rodríguez, Carlos Julio Castillo Solórzano, Mario Rodolfo Tavera Salazar, Alejandro Joaquín Bussaleu Rivera, Orestes Cachay Boza, Jorge Arturo Jarama Alván y Oscar Rafael Suárez Peña.

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“Ello en mérito a la complejidad de la investigación; y, quien ha sido materia de denuncia de parte de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción por la presunta comisión del delito contra la administración pública - negociación incompatible – 399°del Código Penal-, en agravio del Estado”, señaló la entidad encargada de velar por los intereses del Estado.

Cabe resaltar que el documento incluye a las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete. Sin embargo, Villegas sostuvo que se trató de un error de redacción. En diálogo con Canal N, manifestó que solo las pusieron para consignarlas.

Argumentos de la Procuradoría

La procuradora alegó que por las circunstancias del caso, puede desprenderse cierta posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad. Por ello, pidió la detención preliminar estas siete personas.

“Existen fuertes indicios que nos permiten inferir que en el presente caso, los miembros de la comisión multisectorial encargada de realizar el seguimiento de las acciones para el desarrollo, producción, adquisición, donación y distribución de las vacunas y/o tratamientos contra la COVID-19 se habrían interesado indebidamente, de manera directa en razón de su cargo, en la suscripción del convenio suscrito entre el Estado peruano y el laboratorio Sinopharm para el ensayo clínico (Fase III) de la vacuna Sinopharm”, sostiene.

Agrega que en el caso de Germán Málaga, exjefe del ensayo clínico de la vacuna Sinopharm de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), en razón de su cargo habría coadyuvado en que los funcionarios involucrados se interesen indebidamente de manera directa en la suscripción del acuerdo con Sinopharm para el ensayo clínico de la vacuna.

Asimismo, en la suscripción del contrato celebrado para la adquisición 1 millón de vacunas; y en que se cierren las negociaciones para adquirir un lote de 38 millones de vacunas contra la COVID19, actuaciones que habrían causado un perjuicio económico al Estado.

“Para tal efecto, Málaga habría facilitado a que los miembros de la comisión multisectorial manifiesten su interés indebido en las negociaciones para adquirir la vacuna de Sinopharm, pues, permitió que fuesen inoculados no solo ellos sino otros funcionarios y/o servidores públicos de otros sectores del Estado, así como particulares”, señala la Procuradoría.

A partir de ello, considera que en mérito a la gravedad del delito y la magnitud del daño causado por los denunciados, se infiere que dichos ciudadanos podrían tratar de eludir la acción de la justicia y destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba; e Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente.

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