Informe de Subcomisión declara procedentes denuncias contra Vizcarra
La subcomisión de Acusaciones Constitucionales solo declaró improcedente la denuncia por presunta infracción constitucional del artículo 41 de la Constitución. Solicitó que la Comisión Permanente fije plazos.
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La subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por el congresista Carlos Pérez Ochoa (Acción Popular), calificó como procedentes las denuncias en contra del expresidente Martín Vizcarra, la exministra de Salud Pilar Mazzetti, y la excanciller Elizabeth Astete en el marco del caso Vacunagate, presentadas por los congresistas de las bancadas de Frepap, Unión por el Perú, Acción Popular y Podemos.
Así lo señala el informe de calificación al cual tuvo acceso La República, que recién será debatido por el equipo parlamentario de trabajo el viernes 19 de febrero.
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En este sentido, el oficio da luz verde a las denuncias constitucionales 422 y 424 formuladas por María Teresa Cabrera Vega (Podemos), Jesús Orlando Arapa Roque (Acción Popular) y Rubén Ramos Zapana (Unión por el Perú), que sindican al exjefe de Estado de presuntamente haber cometido los delitos de organización criminal, concusión, peculado doloso, cohecho pasivo propio, negociación incompatible y tráfico de influencias.
Del mismo modo, la subcomisión dio pase a la denuncia constitucional 423 presentada por el legislador Hipólito Chaiña Contreras (Unión por el Perú) junto con los parlamentarios anteriormente mencionados, que acusan de infracción constitucional de los artículos 38, 39 y 118 (inciso 1) de la Constitución, presuntamente cometida por Vizcarra Cornejo, Mazzetti Soler y Astete Rodríguez.
Denuncias que fueron declaradas improcedentes
En tanto, se declaró improcedente la denuncia constitucional 422, “en el extremo de presunta comisión de los delitos de colusión agravada, malversación, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsificación de documentos públicos, tipificados en los artículos 384, 389, 411 y 427 del Código Penal”.
En esa línea, otra acusación que tampoco pasó fue la denuncia constitucional 423 contra el exjefe de Estado, la exministra de Salud y la extitular del Ministerio de Relaciones Exteriores, “en el extremo de presunta infracción constitucional del artículo 41″.
El oficio concluye con la solicitud de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales hacia la Comisión Permanente del Congreso para que establezca el plazo de las investigaciones y se pueda emitir el informe final como corresponde.
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