Crece la corrupción de funcionarios públicos en tiempos de pandemia

Como si no bastara el doloroso impacto de la pandemia del nuevo coronavirus, también debemos afrontar otra pandemia que surgió paralelamente: la corrupción. Funcionarios gubernamentales, gobernadores y servidores regionales, alcaldes provinciales y distritales, coludidos con empresarios y operadores del sector privado, han encontrado en el contexto de la lucha contra el Covid-19 la oportunidad para robar sin miramientos los fondos públicos.

En diciembre último, la Fiscalía Provincial de Corrupción de Funcionarios de Ayacucho desarticuló una organización criminal compuesta por alcaldes distritales de Acocro (Gregorio Cabrera), Anco (Edwin Ramírez), Vinchos (Edwin Flores) y Jesús Nazareno (Juan Carlos Vásquez), encabezada por el exburgomaestre de este distrito Adriel Valenzuela. Todos son militantes de la agrupación política local Qatun Tarpuy.

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La Corte de Ayacucho acaba de confirmar 36 meses de prisión para estas autoridades, acusadas de haber digitado las contrataciones de obras públicas, entre el 2015 y 2020, a cambio de sobornos pagados por los proveedores. Entre la veintena de implicados, también hay funcionarios limeños del Ministerio de Vivienda y Construcción, cuyas conversaciones telefónicas y encuentros furtivos fueron grabados por las autoridades. De acuerdo con la evidencia acopiada, las autoridades involucradas, no obstante el estado de emergencia por la pandemia del nuevo coronavirus, continuaron con la misma práctica de favorecer a empresas coludidas.

El bochornoso espectáculo de autoridades detenidas en sus casas y acusadas por actos de corrupción, desgraciadamente, continúa. Los gobernadores regionales de Áncash, Juan Carlos Morillo, y de Lambayeque, Anselmo Lozano, fueron detenidos por presuntos actos de corrupción y, debido a la contundencia de las evidencias, se les ha dictado prisión preventiva. Están encarcelados.

Morillo y otros siete funcionarios fueron arrestados luego de que el Ministerio Público tomó en cuenta tres informes de alerta de la Contraloría General de la República sobre presuntas irregularidades en las contrataciones para la habilitación de un espacio para los enfermos de Covid-19 en el Hospital Eleazar Guzmán.

Algo similar ocurrió con el gobernador lambayecano Anselmo Lozano y otros 18 funcionarios, por la contratación de empresas que presentaron cartas de líneas de crédito falsificadas. Además, Lozano ya enfrenta acusaciones por corrupción cuando ejerció como alcalde del distrito chiclayano de La Victoria durante 19 años, pero los lambayecanos lo eligieron gobernador regional.

También se encuentra con prisión el alcalde distrital de Veintiséis de Octubre (Piura), Darwin García Marchena, por presuntos actos de corrupción en la compra de canastas de alimentos para las familias vulnerables ante el Covid-19. Conforme al informe de la Contraloría respectivo, se presume la existencia de una concertación con el proveedor de los productos. Es como robarles la comida a los más pobres en medio de una crisis.

Las disposiciones dictadas por el Ejecutivo para que las entidades públicas agilicen las contrataciones y las compras necesarias y así enfrentar oportunamente la pandemia del Covid-19, como la aplicación de las denominadas adquisiciones directas –sin licitación, sin concursos, sin presentación de ofertas–, abrieron la puerta a funcionarios públicos y empresarios a fin de coludirse para capturar las adjudicaciones millonarias a cambio de sobornos.

Durante la pandemia, tres fiscalías especializadas en corrupción de funcionarios iniciaron investigaciones al proveedor Michael Lanao Salvatierra y a su compañía Sakima, pero estos procesos no impidieron que fuera contratado por la Policía Nacional, la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Ejército, el Banco de la Nación y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), entre otros.

La corrupción en plena emergencia sanitaria no es solo cuestión de dinero público sino también de vidas humanas.

JNE debe agilizar entrega de credenciales a sustitutos

Ante el encarcelamiento de gobernadores regionales y alcaldes, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), para evitar el caos administrativo, especialmente en el contexto de la pandemia del Covid-19, debe otorgar las credenciales y reconocer a las nuevas autoridades.

El descabezamiento de los gobiernos regionales y de las alcaldías afecta la lucha contra el nuevo coronavirus; sin embargo, el JNE tarda en reconocer a las nuevas autoridades. Este es el caso del gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo, que se encuentra preso.

El vicegobernador de Áncash, Henry Borja, ha solicitado varias veces al presidente del JNE, Jorge Salas, que le entregue las credenciales, pero no hay respuesta.

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