El Informante: Muertes y corrupción, por Ricardo Uceda

Las investigaciones sobre la muerte de dos personas en La Libertad recién comienzan, pero ya se sabe que la policía usó armas prohibidas y está individualizado al menos uno de los responsables. El ministro del Interior, José Elice, informaría a la Comisión Permanente del Congreso esta semana. Flota la idea de que el control de las manifestaciones será una bomba de tiempo durante su gestión. Se inicia una temporada de protestas, con una policía golpeada, manoseada políticamente y con deficiencias operativas para reprimir según los reglamentos.

El ministro Elice, hombre de confianza del presidente Francisco Sagasti, está conociendo el sector. No es indispensable ser policía, ni militar, ni siquiera experto en seguridad ciudadana para ser bueno en el cargo, aunque esto último resulta deseable. Un mínimo de liderazgo y capacidad de controlar la policía son necesarios. En esto coincidieron ocho ex ministros del Interior a quienes entrevisté en 2013 para un artículo en la revista Poder. Hasta entonces, desde las postrimerías del año 2000, cuando asumió Valentín Paniagua, se habían sucedido veinte de ellos, dejando en evidencia que ocupaban la silla más inestable del gabinete. En los próximos seis años caerían doce más, la mayoría por escándalos.

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A las espaldas…

Respecto de los atributos de un ministro, uno de los entrevistados dijo:

–No debes ser cándido. Lo peor que puede pasar es que te cuenten cuentos.

Ya hemos visto que esto ocurre con frecuencia. La última mecida la vivió el ex ministro Jorge Montoya, general de la FAP en el retiro, a quien la policía engañó respecto de la forma en que habían muerto quince personas que asistieron a la discoteca Thomas Restobar, el 22 de agosto pasado. Humillado, Montoya tuvo que renunciar.

Yendo más atrás, la peor actuación policial de espaldas al poder político –podría haber excepciones– fue la matanza de supuestos delincuentes entre 2012 y 2015. Hubo nueve operativos y treintaitrés asesinatos, repartidos así: tres durante la gestión del ministro Wilver Calle, seis con Wilfredo Pedraza, seis con Walter Albán, nueve con Daniel Urresti y nueve con José Luis Pérez Guadalupe. Los últimos asesinatos se produjeron cuando los miembros del equipo ejecutor ya estaban denunciados ante Inspectoría de la PNP y la 35º Fiscalía Provincial de Lima. Las investigaciones, a cargo del fiscal de crimen organizado Álvaro Rodas, no dejan duda respecto de los autores materiales, un grupo de policías que comenzó cuando laboraba en la dirección de inteligencia del Ministerio del Interior (DIGEMIN) y terminó operando en la misma rama de la PNP (DIRIN). Falta documentar el apoyo que recibieron en las instancias superiores. El ex ministro Urresti aparecía al final de sus operativos, encomiando su acción. El caso traerá cola.

Sin conclusiones

Una investigación de este tipo se dificulta porque la propia policía narra los hechos y hace las pericias. Por eso fue imposible documentar que en Trujillo hubo una matanza de cuarenta delincuentes en 2007-2008. La fiscalía judicializó solo cuatro asesinatos, logrando una sentencia contra el coronel Elidio Espinoza –treinta años de prisión–, que revisará la Corte Suprema. Con el grupo de la DIGIMIN-DIRIN, en cambio, la investigación fue posible porque denunciaron, con un informe minucioso, el ministro Carlos Basombrío y el entonces viceministro Rubén Vargas.

Elice aún no tiene una investigación sobre las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado. La Oficina de Integridad del MININTER culminó una primera parte, sin conclusiones. A mes y medio de los hechos, la lentitud revela dificultades. Un motivo para remover a los altos generales de la PNP fue su renuencia a aceptar responsabilidades. De acuerdo con una fuente, esto le habría dicho al presidente Francisco Sagasti el Ministro del Interior, Rubén Vargas. Buscaron quince puestos más abajo en el escalafón para reemplazar al director general, Orlando Velasco, porque investigaciones por corrupción tocarían a los oficiales de menor antigüedad que seguían. En el gobierno existe certeza de que las acciones de amparo de los destituidos, admitidas ya por un juez, serán rechazadas por jurisprudencia previa en el Tribunal Constitucional

–¿Estás seguro de que la medida es inobjetable? –le preguntó Elice a Vargas el día que se adoptó la decisión.

–Completamente –dijo Vargas.

Más por investigar

En la reunión participaban la primera ministra, Violeta Bermúdez, y el ministro de Justicia, Eduardo Vega. Justicia había hecho un informe aprobatorio después de estudiar el proyecto. Bermúdez estaba de acuerdo. Pero cuando se produjeron las protestas, Vega no tuvo mayor participación para defender la medida. Promovido por un círculo cercano al ex ministro José Luis Pérez Guadalupe, Sagasti nombró a Cluber Aliaga, quien presentó un dictamen jurídico que consideraba ilegales los pases a retiro. No le fue recibido. Admitir la propuesta era reconocer una ilegalidad del presidente, causal de vacancia en el cargo.

El juez que admitió el amparo podría, como medida cautelar, suspender los ceses mientras resuelve el fondo. Esto se conocería la próxima semana. Mientras tanto, a lo largo del nuevo año, el resultado de otras investigaciones en el Ministerio Público dirán en qué medida estaban involucrados en actos de corrupción los oficiales de la lista de cesados. Un caso, el de la adquisición a sobreprecio de computadoras inservibles. Otro, la compra del Antonov 718 a Ucrania. Por otra parte, operaciones dolosas para dotar de equipos de limpieza y protección personal a la policía, gravemente afectada por el Covid-19. Corresponden al último año del presidente Martín Vizcarra y a la gestión del ex ministro Carlos Morán.

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