El Informante: Eclipse de Luna, por Ricardo Uceda
Un juez decidirá si el dueño de Podemos Perú y Telesup afronta en prisión las investigaciones por los Cuellos Blancos. José Luna cercado por el Ministerio Público tras perder la guerra contra la Sunedu.
En 2014, durante el debate sobre la Ley Universitaria en el Congreso, pudo escucharse nítidamente la mentada de madre que le lanzó el parlamentario José Luna Gálvez a su colega de bancada Vicente Zevallos. Ambos pertenecían a Solidaridad Nacional. Este último, contrariamente a lo que esperaba el primero, apoyó la nueva legislación. Durante los años siguientes Luna seguiría peleando, tanto para producir cambios políticos que volvieran las cosas al estado anterior, o al menos para que el organismo creado, la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU), no interviniera su propia empresa, TELESUP. Fracasó en ambas líneas. Peor aún, esta semana Luna puede ser enviado a prisión preventivamente para continuar siendo investigado como miembro de una organización criminal. Se le imputa haber ejercido ilícitamente el control de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Tanto si el juez consiente su encarcelamiento, como si le permite continuar el proceso en libertad, el ocaso de José Luna parece definitivo. Principalmente por las abrumadoras evidencias de que compró a miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que, entre otros objetivos, pudiera ser inscrito su partido político. Logró nombrar al jefe de la ONPE, Adolfo Castillo, cuyo esmero en el propósito ha sido descrito muchas veces en esta página. Ahora Castillo lo ha contado todo, aunque su testimonio no es lo único que incrimina al líder de Podemos Perú.
Sin marcha atrás
De las universidades, TELESUP era la que más directamente estaba relacionada con las finanzas de un partido. También se daba el caso, desde luego, de la Universidad César Vallejo, emporio del futuro candidato presidencial por Alianza para el Progreso, César Acuña. E incluso fue demostrado que ingresos de este centro de estudios fueron a parar al partido del propietario. Pero Acuña tomó un camino distinto al de Luna cuando comprendió que destruir la SUNEDU sería imposible. Aceptó dejar el directorio y se esmeró en cumplir las exigencias del nuevo orden. Ahora su universidad sigue siendo un pingüe negocio –ochenta mil alumnos– y Acuña continúa ganando dinero que luego puede invertir como le plazca.
TELESUP tomó el camino de luchar. El mismo que escogió Garcilaso de la Vega, una entidad asociativa que para retirar el dinero hacia otros fines pagaba sueldos fabulosos a sus autoridades. Ambas peleadoras, justamente, tenían el mismo estudio de abogados, Flores-Aráoz. Además de ejercer activismo político interpusieron acciones de amparo y otras medidas jurídicas. Hoy puede decirse que la estrategia estaba equivocada porque fracasó en todos los escenarios. Garcilaso de la Vega, vinculada a ciertas figuras del APRA y a círculos de magistrados, ya no puede otorgar títulos y carece de ingresos. Otra contendiente, Alas Peruanas, que también atacó la ley, tampoco ha podido licenciarse. Actualmente agoniza. Su ex operador, Joaquín Ramírez, fue secretario general de Fuerza Popular.
Sin autorización. El 2019, la universidad solicitó una medida cautelar en Amazonas, la cual luego fue anulada. Sin embargo, dice, le han vuelto a dar luz verde. Foto: John Reyes/La República
Nuevo panorama
Aun cuando no lograron cumplir los requisitos para su licenciamiento, universidades como TELESUP, Garcilaso de la Vega y Alas Peruanas pudieron haber continuado. Tendrían que haber invertido en calidad, con profesionales expertos en educación superior, y reconfigurar el negocio. La SUNEDU no les pedía ser excelentes, ni siquiera buenas: simplemente ofrecer mínimas condiciones de servicios educativos. En el papel, aún podrían hacerlo, porque la Superintendencia sí les da una nueva oportunidad para sobrevivir, si cumplen con el reglamento de cese de actividades. Sin embargo, la cuesta hacia arriba está muy empinada porque perdieron a sus estudiantes y deben trabajar con dinero fresco. Mientras tanto, el proceso iniciado por la SUNEDU ha cambiado el panorama del rubro a escala nacional.
De un total de ciento cuarenta y cinco centros universitarios, cuarenta y nueve no han recibido el licenciamiento. Solo dos universidades nacionales no pasaron la valla: Pedro Ruiz Gallo, de Lambayeque, y San Luis Gonzaga de Ica. Ambas cuentan con un plan de emergencia dirigido por el Ministerio de Educación para volver a presentarse el próximo año. Quedaron fuera del sistema la mitad de las privadas, en su mayoría truchas. En las regiones han desaparecido las universidades-bamba, y se han robustecido las estatales, que además están recibiendo apoyo técnico y financiero del Ministerio de Educación –unos mil millones de soles– desde el 2016. El nivel sigue sin ser competitivo en el ámbito latinoamericano, pero en 2021 habrá una base para iniciar un proceso de superación en todo el sistema, en el marco de una política al 2030 aprobada en agosto último.
Audiencia. El miércoles, 23 de diciembre, el juez Jorge Chávez Tamariz evaluará el pedido de prisión preventiva de José Luna Gálvez y tres colaboradores. Foto: John Reyes / La República
Lo más importante
Por otra parte, viendo en retrospectiva las batallas en el Congreso, es un hecho que Luna Gálvez y Podemos Perú no consiguieron las alianzas necesarias para frenar la reforma universitaria. Se mostraron renuentes sus posibles aliados, tanto los parlamentarios electos en 2016 como quienes iniciaron funciones en marzo. En agosto pasado, José Luna Morales, el hijo del fundador del partido, no pudo lograr la censura del ministro de Educación, Martín Benavides, quien fue interpelado por el licenciamiento de dos universidades privadas cuando estuvo al mando de la SUNEDU. Benavides fue el Superintendente que le denegó el licenciamiento a Telesup, lo cual le costó varias denuncias penales.
Así pues, no todo estuvo perdido en el año que está terminando. Las universidades chatarra, que nacieron con fondos que aún se investigan, han dejado de ser un medio de financiamiento de la política.
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