Gabinete aún debe resolver protestas en las regiones del sur

No lleva ni un mes de gestión y el gobierno del presidente Francisco Sagasti afronta una ola de conflictos sociales en la Macrorregión Sur, que brotaron en paralelo con las recientes manifestaciones en Ica y Junín.

El viernes 4, cabe recordar, se desbloquearon las panamericanas Sur y Norte, que habían sido paralizadas por miles de agrotrabajadores, quienes protestaron contra la ley de promoción agraria. La norma fue derogada por el Congreso ese día. Y los espacio de diálogo para un nuevo régimen recién inician su trabajo este lunes.

Similar situación aconteció en La Oroya, Junín, donde obreros del complejo metalúrgico bloquearon el pase en la Carretera Central, exigiendo la adjudicación de activos de dicha compañía. Al final, las vías fueron liberadas temporalmente. Hoy habrá una mesa de diálogo con representantes del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Problemas en el sur

A estas turbulencias, se suman protestas en Apurímac y Puno. Estas, si bien no son plenamente de tinte político, calzan en los intereses proselitistas de los opositores al Ejecutivo y en quienes aún conservan aires de revanchismo debido al fracaso del régimen de facto de Manuel Merino (Acción Popular).

En Challhuahuacho (Apurímac), los ciudadanos mantienen bloqueado desde el 30 de noviembre el corredor minero del proyecto minero Las Bambas. Ellos exigen a la empresa MMG que pague el canon minero a partir de enero del próximo año.

Sin embargo, las proyecciones apuntan a que esto recién sucedería entre el 2022 y 2023. Ahí comienza el dilema. Para el viernes 11 está programada una mesa de diálogo entre una delegación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Frente de Defensa.

El problema es que los dirigentes no desean conversar solo con una comitiva: exigen la presencia de la primera ministra Violeta Bermúdez. Mientras eso, la vía continuará paralizada. Es decir, cuatro días más.

El traslado del cobre, en tanto, se mantiene en vilo.

“Nosotros solo estamos pidiendo el cumplimiento del Estado y de la empresa (Las Bambas). Hemos hecho conocer (a la comitiva) para que venga la premier y todos los ministerios a dar la cara para que cumplan con todos los compromisos”, expresó a La República el presidente del Frente de Defensa, Hugo Huillca Peña.

Su reclamo se basa en que el Decreto Supremo 005-PCM-2016 estipula que la prioridad del proyecto minero es el desarrollo económico y social del distrito de Challhuahuacho. Pero eso no ha sucedido.

La directora de CooperAcción, Ana Leyva, explicó que los ciudadanos de Challhuahuacho habían pedido, en caso no se obtenga el canon, un aporte social de la minera. “Yo supe hace un tiempo que la empresa minera quería dar el aporte para temas de salud, pero la idea de ellos es un convenio marco. Ellos (MMG) no pueden definir a priori en lo que se va a gastar. Ellos (la población) están más orientados por el tema producto y del agro”, agregó.

Paralización en Puno

Similar situación acontece en Puno. El 9 de noviembre, los ciudadanos afectados en los distritos de Coata, Huata y Capachica anunciaron que reiniciarán una huelga indefinida contra sus autoridades municipales, regionales y del gobierno central, debido a la contaminación minera en las cuencas de Coata y Llallimayo.

El dirigente de Coata, Félix Suasaca, recordó que en una muestra representativa (análisis de sangre, orina y esputo) a las personas de esta región se detectó que tienen metales pesados en su organismo por consumir agua contaminada.

El río Coata, cabe precisar, desemboca en el lago Titicaca. Y es un problema que data desde el 2016.

Un gabinete más activo

El analista político y profesor de Ciencias Políticas en la PUCP José Alejandro Godoy recuerda que básicamente todas estas demandas estuvieron embalsadas desde hace mucho tiempo. “Y la pandemia ha destapado una serie de problemas sociales y económicos y que ahora se vuelve más complejo de manejar”, explicó.

Godoy precisó que, de pronto, estas manifestaciones no fueron masivas en el gobierno de Martín Vizcarra “porque teníamos un presidente con alta aprobación”. “Vizcarra terminaba teniendo un poco más de presencia en el gobierno y en las medidas contra la pandemia”, agregó.

El analista político Eduardo Ballón considera que Las Bambas, pese a ser un conflicto que arrastra bastantes años, volvió a brotar debido al cambio de gobierno, pues existe el temor de la población a que cambien ciertos acuerdos adoptados con el régimen saliente.

“Los actores sociales sienten que pierden interlocutores”, sostuvo.

En medio de una campaña electoral y ánimos de revancha política, es evidente que desde el Parlamento apelarán a estas manifestaciones para desacreditar al gobierno de Sagasti. Godoy y Ballón consideran que ahí es donde debe salir a flote el manejo político del gabinete de Violeta Bermúdez, que hasta el momento solo ha tenido pocas apariciones, una de estas en su pedido del voto de confianza ante el pleno del Congreso.

Para Godoy, el gabinete ministerial tiene integrantes con habilidades políticas, pero que se han mostrado mesurados debido a que necesitaban en su momento la investidura del Parlamento. “Ahora, en cambio, no necesitan un perfil bajo. Pueden salir y decir las cosas respecto a un problema”, refirió.

Según Ballón, en tanto, es evidente que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo no es la mejor. Cada poder del Estado ha obtenido su victoria en determinado ámbito, por ahora.

En el Congreso, dice Ballón, piensan que ganaron con la ley de presupuesto y en el Gobierno con el voto de investidura. Y, como sabemos, este último, más que un respaldo de las bancadas, fue una tregua hasta que se resolviera las protestas de los agrotrabajadores.

Una victoria pírrica porque las intenciones opositoras continúan en Los Pasos Perdidos. “Y el tema no solo es el Congreso, también lo es la Coordinadora Republicana y algún sector empresarial”, añadió Ballón.

Cabe recordar que fueron las mismas bancadas que impulsaron la vacancia presidencial quienes arremetieron contra el exministro del Interior Rubén Vargas, entonces, no se puede descartar que hagan lo mismo contra algún miembro del gabinete a medida que los conflictos sociales en la Macrorregión Sur se agudicen.

El gobierno, puntualizó Ballón, ha decidido ponerse en el centro, consciente de que le espera ocho ardientes meses.

La mayoría de conflictos en Puno son socioambientales

El jefe de la Oficina de la Defensoría de Puno, Jacinto Ticona, informó que la mayoría de los conflictos sociales en la región Puno son socioambientales y otros por el incumplimiento de promesas electorales de las autoridades regionales y locales.

Ticona precisó que las protestas por la contaminación de las cuencas de Coata y Llallimayo y la construcción del proyecto hídrico Vilavilani Fase II están consideradas como emblemáticos en Puno.

Hasta el momento, hay 14 conflictos sociales reportados en esta región, de los cuales 12 se encuentran activos y dos están en condición de latente, según la Defensoría del Pueblo.

Reacciones

José Alejandro Godoy, profesor en la PUCP

“La premier tiene que salir mucho a los medios de comunicación y al terreno político, requiere una mayor exposición pública. Si vas a tener a un presidente que no va a salir mucho, necesitas duplicar”.

Eduardo Ballón, analista político

“Las negociaciones políticas en estas situaciones de conflicto deben haber tenido intervención directa de la primera ministra, lo que no significa necesariamente que haya presencia física”.

Ana Leyva, CooperAcción

“Ellos (Las Bambas) comenzaron a operar en 2016. Pasaron casi cinco años. Como el proyecto se ha ido modificando, dicen que el próximo año no pagarán impuesto, y sin impuesto a la renta no hay canon”.

El dato

El proyecto Las Bambas comenzó a operar en 2016. Desde ahí las protestas no cesan. Los ciudadanos de Challhuahuacho exigen canon minero a partir de enero del próximo año.

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