Víctor Zamora niega haber participado en decisión para compra de pruebas rápidas COVID-19
El exministro de Salud explicó que dicha decisión había sido tomada antes de que él juramentara en el cargo.
El extitular de la cartera de Salud, Víctor Zamora, aseguró que no participó en la decisión que se tomó en marzo pasado para la compra de pruebas rápidas para detectar el nuevo coronavirus en plena crisis sanitaria.
Esto luego de que la Procuraduría Anticorrupción solicitó al Ministerio Público incluirlo a él, al presidente de la República, Martín Vizcarra y a la ministra de Economía, María Antonieta Alva, en la investigación preliminar que se realiza por presunta irregularidad en la adquisición de pruebas rápidas y moleculares.
Zamora aclaró que el 21 de marzo, día en que juramentó como ministro de Salud, se enteró que se había realizado dicha compra.
“Descarto de plano que yo haya participado en el proceso de toma de decisiones para la compra de pruebas rápidas. El 21 de marzo se hace la orden de compra. El 21 de marzo es que juramento como ministro de Salud”, aseveró el exministro en una entrevista para Canal N.
Además, explicó que no hizo un viraje para adquirir la pruebas, pues cuando llegó al Ministerio de Salud ya se habían comprado. Aseguró que como gestor no le quedó otra opción más que utilizarlas en la lucha contra la pandemia por COVID-19.
“Teníamos tres opciones. Las pruebas moleculares que eran pocas, las rápidas que eran bastantes; y el juicio médico. Teníamos que usar las rápidas porque los casos aumentaban. No les podemos decir a los pacientes que nos esperen hasta comprar las moleculares, esperen a que tengamos laboratorios o si se hará a juicio del médico”, dijo Víctor Zamora.
Procuraduría Anticorrupción solicitó investigar a Zamora
Antes de su renuncia, el ex procurador Amado Enco remitió un documento al fiscal Reynaldo Abia, donde indicó que habría indicios de que Vizcarra, Alva y Zamora cometieron un supuesto delito de colusión en perjuicio del Estado peruano por la compra de las pruebas rápidas en marzo pasado.
Además, solicitó considerar como empresas investigadas a Deltalab Perú, Diagnóstica Peruana, Multimedical Supplies y Nipro Medical Corporation Sucursal del Perú.
"A consecuencia de esta actuación, el Estado peruano se habría perjudicado con aproximadamente 100 millones de soles, pero, además, se habría favorecido a empresas privadas con la compra de pruebas serológicas que no tendrían registro sanitario en el país de origen y que en otro país de la región habría sido descartadas por inservibles para diagnosticar acertadamente la enfermedad de la COVID-19″ detallan en dicho documento.
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