Eloy Espinosa-Saldaña: “El Congreso tiene que evaluar si es conveniente hacer una vacancia”
El magistrado del Tribunal Constitucional también cuestionó algunos puntos del reglamento aprobado por el Legislativo para la selección de candidatos a jueces del ente intérprete supremo de la Constitución. “No hay ningún examen de conocimiento”, juzgó.
En diálogo con La República, el magistrado del Tribunal Constitucional Eloy Espinosa-Saldaña se refirió al proceso de la demanda competencial presentado por el Ejecutivo contra el Congreso. Además, criticó algunos extremos del reglamento para la selección de candidatos a magistrados del TC.
¿Cuándo el Tribunal Constitucional evaluará la demanda competencial presentada por el Ejecutivo?
El Congreso tiene hasta el 11 de noviembre para entregar su respuesta frente al conflicto por la demanda competencial presentado por el Gobierno. Mientras nosotros no tengamos la respuesta, no podemos convocar a una audiencia y resolver. Ellos están dentro de su plazo. (...) el Congreso puede entregarlo mañana o pasado, mientras no ocurra, nosotros no tenemos capacidad de actuar porque el tribunal no actúa de oficio. Nos queda esperar.
¿Y si el Congreso no presenta su respuesta?
Ahora, si el Congreso no entregase una respuesta, igual ya hay un proceso iniciado y tenemos que pronunciarnos, pero lo que no podemos decir es que como hay apresuramiento por la coyuntura vamos a sacar la audiencia aunque el Congreso no nos conteste. Hacemos eso y vamos presos todos. Tenemos que esperar a la llegada de la respuesta del Congreso.
¿El Ejecutivo puede presentar de nuevo la demanda competencial ante un nuevo proceso de vacancia?
En principio sí. Como es el mismo tema, aplicaríamos, probablemente, la figura de la acumulación. O sea, para no tener la posibilidad de contradecirnos en pronunciamientos, cuando alguien presenta una demanda que es muy parecida o sustancialmente igual a otra, lo que se hace es poderlas juntar. Así no damos dos respuestas dispares sobre el mismo tema. Pero todo esto es especulación porque todavía estamos en la primera etapa del proceso de vacancia, todavía el Congreso no contesta sobre la demanda competencial y no sabremos si el Ejecutivo tomará alguna acción en el ínterin del trámite por este segundo pedido de censura. (...) Son cosas que escapan al tribunal, lo que sí compete al tribunal es que terminado el 11 de noviembre, con o sin respuesta del Congreso nosotros convocaremos a una audiencia pública para poder allí escuchar a las partes y definir lo más pronto posible la duda generada sobre esta causal de incapacidad moral permanente.
¿El Congreso está abusando del uso de la vacancia presidencial?
Este es un tema del control de oportunidad que tienen que hacer las fuerzas políticas. Si la gravedad de los hechos que se están imputando, que de todas maneras van a ser abordados —según ha dicho la fiscal de la Nación— a partir de cuando Vizcarra deje la presidencia, es tal que justifica derrocar a un presidente y poner a alguien para que gobierne. Eso ya es una evaluación política que como juez ya no puedo hacer. El tema se reduce a eso. En el Congreso están de acuerdo porque están en su derecho y es una de sus competencias plantear una vacancia. ¿Cuál es el efecto de esta vacancia? Que si se concede, estamos en octubre yendo a noviembre, tendríamos a alguien que asuma la presidencia entre noviembre y julio. ¿Vale la pena eso o no? O lo mejor es esperar con todos los problemas y a partir de julio que ya no tiene la protección presidencial, procesarlo por lo que se le quiera procesar. No es una evaluación jurídica, eso es más política.
Es el Congreso quien tendría que reflexionar sobre estos efectos.
Es al Congreso a quien le corresponde tomar ese tipo de decisiones. Claro, es su ámbito. El Congreso tiene que evaluar si es conveniente hacer una vacancia y ver que se encargue la presidencia, si la vacancia procede, al presidente del Congreso para que asuma de octubre a julio o nos quedamos con el presidente actual y luego ya el Ministerio Público se hace cargo de él apenas termine su mandato. Esa es una evaluación política y es parte del control del Congreso.
¿Qué opina respecto al reglamento aprobado por el Congreso para elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional?
Primero aclarar que ninguno de nosotros quiere quedarse. No es una cuestión que queremos quedarnos. Nosotros que tuvimos el honor de ser magistrados y mas bien hay una ley orgánica del Tribunal Constitucional que nos obliga a quedarnos hasta que se elijan a los reemplazantes.
Ahora, en el reglamento yo veo algunas debilidades. Esto de plantear en el tema de honorabilidad, de 2 a 12 puntos. ¿Cómo se mide esto? Si yo soy completamente honorable, tengo 12 puntos y usted que es medio honorable tiene 6 puntos. No se entiende eso. Definitivamente o soy honorable o no soy honorable.
Dos. Otra cosa que no se entiende es cómo se evalúa los grados académicos. Porque ya en el mundo actual ya todas las universidades están acreditadas. La nuestra también. Está la Sunedu que incluso ha cerrado universidades. Entonces, el doctorado de una universidad cerrada por Sunedu va a valer lo mismo que un doctorado en España o en Alemania o va valer más que un doctorado de una universidad que es prestigiosa en el país. (...) Me parece que allí debe haber una valoración mejor.
El otro tema más duro es que no hay ningún examen de conocimiento o una evaluación de conocimiento. (...) En otros tribunales constitucionales, al que es juez se le dice: bueno señor, tráiganos sus mejores sentencias para ver. Al que ha sido fiscal, tráiganos su dictamen de fiscal, y al que viene de abogado, haga un ensayo de por qué quiere ser constitucional. Ojo que eso ya se hace con los jueces y fiscales supremos en el Perú. No es nada nuevo. A un juez o fiscal supremo no se le está tomando examen de conocimiento, sino ver cómo trabaja, cómo son sus sentencias para ver sus habilidades. ¿Por qué eso no se puede pedir a un postulante para magistrado del Tribunal Constitucional? Que va a resolver casos de una enorme complejidad (...) qué certeza tengo de quien estoy eligiendo sabe de la materia y no tenga que depender después de otras personas para poder resolver.
¿Pediría que continúen los ajustes al reglamento?
Así como han tenido la buena voluntad de poder hacer ajustes en el cronograma —porque claro era una locura estar votando entre Navidad y Año Nuevo— yo creo que no le vendría mal un ajuste porque finalmente lo que está en juego es que haya unas elecciones de los mejores y de la manera más transparente.
Se cuestionó que el reglamento se apruebe en el pleno a menos de 24 horas de su aprobación en la comisión.
Yo soy partidario de que las cosas se discutan y creo que los espacios para la deliberación, por su propia naturaleza, es el Parlamento. (...) La idea del Parlamento es ser un sitio de discusión, de reflexión de las cosas públicas. No hace daño, cuando se van a tomar decisiones importantes, discutirlas acogiendo de la mejor manera posible todas las recomendaciones que se planteen no solo en un momento inicial, sino también en el camino frente a este proceso. Hay que ver cuál es la actitud de la comisión, hoy es un día clave y comienzan a recibir a los primeros candidatos y candidatas y esperemos que los defectos en el reglamento puedan salvarse para que se elija a los mejores de la manera más transparente.
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