El Informante: Negarlo hasta el final, por Ricardo Uceda
Un anticipo de las defensas de Mirian Morales y Martín Vizcarra. La tesis del licuado de responsabilidades. Los delitos. La exministra Patricia Balbuena entre su lealtad y al menos seis años de prisión.
En algún momento Martín Vizcarra responderá ante un fiscal si usó su poder para que Richard Swing fuera contratado en el Estado, o si nunca intervino para beneficiarlo con nueve órdenes de servicio durante las gestiones de seis ministros de Cultura. Podría declarar ahora mismo si el Ministerio Público lo decide. Juristas discrepan sobre si convendría lo primero o lo segundo. Al ser citado de inmediato quizá Vizcarra guarde silencio. Solo puede ser acusado cuando deje la presidencia.
El Procurador Anticorrupción, Amado Enco, declaró que Vizcarra debiera ser interrogado sin demora. Antes pidió que la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, se abstuviera de intervenir por conflicto de interés: ella descalificó los audios del caso, donde está mencionada. El Procurador General, Daniel Soria, delegó en Enco la representación del Estado en el proceso.
El mecanismo
La orden judicial de prisión preliminar para diez de los imputados podría ser revertida en los próximos días por falta de urgencia o de riesgo procesal. Esto se confirmará en una audiencia pública a partir de las apelaciones. De todos modos, en el requerimiento la fiscalía describió cómo fueron emitidas órdenes para servicios innecesarios que ni siquiera fueron cumplidos. Un informe de la Contraloría también detalló el mecanismo. Pareciera que el Ministerio Público no tendrá mayor dificultad para reconstruir la historia administrativa en el Ministerio de Cultura, en parte porque a los funcionarios investigados les conviene contarlo todo. La ex ministra Patricia Balbuena, que inició las contrataciones, ya no guardaría lealtades.
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El mayor reto de la fiscalía es demostrar el poder determinante de las órdenes desde Palacio de Gobierno. En primer término, lo que hizo la Secretaria General de la Presidencia, Mirian Morales. Su abogado, Carlos Rodas, ya anticipó que ella no tiene responsabilidad en las contrataciones que beneficiaron a Swing por 175 mil soles. Una frase de su clienta, en los audios, ya es célebre: “Hay que negarlo hasta el final”.
Ajena a todo
En una entrevista con Mávila Huertas, Rodas dijo que los audios grabados por la secretaria de Vizcarra, Karem Roca, demuestran el enojo de Mirian Morales al descubrir que Swing estuvo en Palacio de Gobierno más veces de las que creía. En la fiscalía Morales declaró que sucedió en dos ocasiones y allí le demostraron que fueron más. Por eso se le escucha preguntar cuántas visitas hubo. Rodas descartó que Morales ordenara borrar registros de reuniones que desconocía. Respecto de los dichos de Vizcarra con indicaciones por las que se le imputaría obstrucción a la justicia, sostuvo que los audios revelan una conversación irrelevante, causada por el desconocimiento de lo que ocurrió con las visitas. La obstrucción, el encubrimiento, dice el abogado, es para ocultar un delito. ¿Cuál?
De modo que Mirian Morales no parece dispuesta a admitir responsabilidades. Se desconoce lo que dirá respecto de las instrucciones que habría recibido de Vizcarra. Es improbable que asuma que ella fue la correa de transmisión de una orden delictiva.
Palabra de Vizcarra
El abogado de Mirian Morales llegó a ponerse en el caso de que Martín Vizcarra hubiera dado una indicación para que Richard Swing fuera contratado. En tal supuesto, dijo, a la Secretaria de la Presidencia le hubiera sido imposible monitorear el cumplimiento de la voluntad presidencial a lo largo de la cadena de mando, pues la contratación depende de varias instancias, cada una con su responsabilidad. Así, primero ella le habría dado la indicación a una ministra o ministro, el cual instruiría a la persona a cargo de la secretaria general, y esta a la dirección de administración, que ordenaría al jefe de recursos humanos, etcétera. La idea es que el poder de Morales terminaría licuado en otras responsabilidades, en otros poderes menores pero autónomos. La pretensión es discutible, pues la decisión pasó por funcionarios de confianza, que solo excepcionalmente se rebelan.
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Trascendió que en el supuesto de que Mirian Morales y Patricia Balbuena admitieran que recibieron órdenes de Vizcarra, este lo negará. A lo más dirá que recomendó contratar a Swing, lo que, en su lógica, no debería interpretarse como una orden ilícita para ser ejecutada al margen del sistema normativo del Estado. Esta versión podría estar en sintonía con lo que diga Mirian Morales.
Había un sistema
En la resolución que ordena las prisiones preliminares, la jueza Sonia Bazalar presume que Morales, junto con Vizcarra, instigaron a los ministros para contratar a Swing. El cargo que compartirían es el de colusión agravada, con prognosis de prisión de seis a quince años. El delito de obstrucción a la justicia, que también los amenaza, tiene penalidad menor.
Para probar que Vizcarra instigó no hay audios, ni videos, ni memorándums. La acusación sería con pruebas indiciarias, que incluyen su conducta. Un mandatario inocente, al enterarse por los medios de la contratación anómala de Swing, debió reaccionar denunciando en vez de propiciar reuniones de encubrimiento. Otra cosa dejó de hacer, según la fiscal Bersabeth Revilla. En el escrito que abrió investigación al asesor de prensa Oscar Vásquez, sostuvo que Vizcarra faltó a su obligación al no denunciar que alguien de su entorno podía haber recurrido a “un fiscal corrupto”, como Karem Roca dice en uno de los audios. Revilla advierte un precario delito de omisión de denuncia. Es posible que el Ministerio Público termine acumulando en un solo caso los nombramientos irregulares desde Palacio de Gobierno: Swing, amigos del tenis, parientes, nuevos favorecidos que aparecerían en las próximas semanas. Los delitos, la modalidad, los actores, serían los mismos.
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