Quién es quién en la trama del caso Richard Swing

Richard Cisneros Carballido no podría haber conseguido un contrato con el Estado sin la intervención del presidente Martín Vizcarra. Y el jefe del Estado no podría haber accedido al pedido de su amigo Cisneros, sin el concurso de 8 funcionarios del Ministerio de Cultura, quienes, en lugar de oponerse, accedieron a hacerlo. Ahora están presos.

La tesis central de la fiscal especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Janny Sánchez Porturas Ganoza, es que los funcionarios facilitaron la contratación de Richard Cisneros a sabiendas de que no existía sustento legal para hacerlo. Les bastó que sus superiores les dijeran que era una orden de Vizcarra.

“Se advierte, del transcurso de las investigaciones, que el investigado Richard Cisneros Carballido, se habría valido de la confianza, amistad o cercanía, que tendría con el jefe del Estado, Martín Vizcarra Cornejo, para que este al parecer ‘recomiende y/o disponga u ordene’ a otros altos funcionarios públicos, ministros de Estado, como Patricia Balbuena Palacios (exministra de Cultura) contrate al citado proveedor (Cisneros) por servicios innecesarios”, señala la fiscal Sánchez en el sustento del requerimiento de prisión preliminar para los 10 implicados.

“Creando (así) una necesidad de servicio, direccionando el perfil del proveedor a su curriculum vitae, el cual habría sido entregado por Mirian Morales Córdova, sin cumplir con la experiencia debida conforme al objeto contractual”, precisa la autoridad.

De la decena de implicados con mandato de detención preliminar, solo Morales afronta 4 imputaciones: obstrucción a la justicia, ocultamiento real, colusión agravada y negociación incompatible, y no es casualidad. ¿El motivo? Los testigos, los documentos y los audios la señalan como la persona que recibió el mandato directo de Vizcarra para encontrar un empleo para Richard Swing en el aparato del Estado, un encargo que la ex secretaria general de Palacio de Gobierno cumplió escrupulosamente.

Bandeja servida

Como pudo comprobar la fiscal Sánchez, un testigo reservado del despacho de la exministra de Cultura Patricia Balbuena y un aspirante a colaborador eficaz, que laboró en la Secretaría General del Ministerio de Cultura, Mirian Morales no solo se aseguró que se cumpliera con la disposición del jefe del Estado –que violaba gravemente la disposiciones– sino también veló para que le renovaran varias veces el contrato mediante servicios profesionales simulados. “Mirian Morales actuó como enlace directo y sin intermediarios entre el presidente de la República y las autoridades del Ministerio de Cultura para que se cumpliera su pedido personalísimo de contratar al señor Richard Swing. La señora Morales tiene la extraordinaria oportunidad de responder por qué instrumentalizó (cumplió) una solicitud de contratación sin sustento legal”', señalaron fuentes de La República allegadas a la investigación fiscal.

Órdenes presidenciales

“Resulta sorprendente cómo ninguno de la decena de funcionarios implicados del Ministerio de Cultura se opuso a contratar a Richard Cisneros, bajo el argumento de que era ‘un pedido del presidente Vizcarra’. El Ministerio de Cultura, como ha quedado comprobado durante la investigación de la Oficina de Control Institucional de dicho despacho, no necesitaba los servicios del señor Cisneros. Una solicitud del presidente no es una justificación para burlar la ley”, indicaron, por su parte, fuentes de la Contraloría General de la República, conocedoras de la auditoría sobre el caso.

Exfuncionarios del Ministerio de Cultura contactados por este diario explicaron por qué Mirian Morales pudo conseguir el objetivo de la contratación de Richard Cisneros Carballido por disposición del presidente Vizcarra. “Como secretaria general de Palacio alcanzó mucha influencia, lo que le permitió asignar funcionarios en varios ministerios. Varios de los secretarios generales de otros despachos ministeriales respondían a sus intereses”, señalaron.

En efecto, de los funcionarios involucrados, dos fueron exsecretarios generales del Ministerio de Cultura, Patricia Dávila Tasaico y Diana Tamashiro Oshiro. "Ellas pudieron haberse negado a la contratación de los servicios de Richard Cisneros, pero prefirieron obedecer a los dictados de Mirian Morales. A su vez, Patricia Dávila y Diana Tamashiro trasladaron el encargo a sus subalternos, el responsable de la Oficina General de administración, Lincoln Matos Parodi; y las directoras de Recursos Humanos, Áurea Quiñones Li y Liliana Chanamé Castillo. Estos funcionarios tenían la prerrogativa de cuestionar el supuesto mandado del presidente Vizcarra para contratar los servicios de Richard Cisneros.

Efectivamente, por no haber actuado conforme a la ley, la fiscal Janny Sánchez ha imputado los presuntos delitos de colusión agravada y negociación incompatible –que contemplan sanciones de entre 6 y 15 años de prisión, y de 4 a 6 años de carcelería, respectivamente- a los funcionarios Patricia Dávila Tasaico, Diana Tamashiro Oshiro, Liliana Chanamé Castillo, Lincoln Matos Parodi y Aura Quiñones Li. Y también para el programador de actividades del Gran Teatro Nacional, Mauricio Salas Torreblanca.

¿Y por qué la fiscal imputa los delitos de obstrucción a la justicia, colusión agravada, negociación incompatible contra el exconsejero presidencial Óscar Vásquez? Después de Mirian Morales, Vásquez –que también proviene de Moquegua– es el segundo más empapelado del grupo de 10 implicados con mandato de detención preliminar.

La fiscal janny Sánchez pidió su detención porque, por un lado, tuvo presuntas reuniones con Richard Cisneros antes de sus contrataciones, y cuando estalló el escándalo por Richard Swing, supuestamente, a instancias del jefe del Estado, trató de torpedear la investigación fiscal.

“(Óscar Vásquez) se habría reunido previamente a su contratación con el proveedor Richard Cisneros Carballido (...) (y) continuaría comunicándose con este para 'coordinar actos de obstrucción a la justicia”, argumenta la fiscal del caso en la sustentación del pedido de detención preliminar.

“Por el alto cargo que ostentaba (Óscar Vásquez), habría inducido a testigos a declarar falsamente en la presente investigación preliminar, lo que podría hacer sospechar que realizaría actos de ocultamiento y demás a fin de dificultar las investigaciones y averiguación de la verdad”, anotó la fiscal.

Sin embargo, lo que reviste mayor peligro de afectar el curso de las indagaciones, conforme la exposición de motivos de la fiscal janny Sánchez, son los contactos en el gobierno que cosechó Óscar Vásquez durante su gestión, especialmente con el mandatario Vizcarra.

“(Óscar Vásquez) tendría una amplia malla de contactos de alto nivel, como es el presidente de la República (...), comunicándose incluso con testigos y coimputados para presuntamente dificultar la presente investigación preliminar”, de acuerdo con la línea argumentativa de la fiscal.

Lo que llama la atención es que la exasistente personal del presidente Vizcarra en Palacio de Gobierno Karem Roca Luque, quien se dedicó a grabar subrepticiamente las reuniones con el jefe del Estado y sus principales asesores, enfrenta acusaciones leves en comparación con los otros enredados en el caso Richard Swing. La fiscal le atribuye los presuntos delitos de obstrucción a la justicia y falsedad genérica que, en cualquiera de los dos casos, las penas oscilan entre 2 y 4 años, lo que no necesariamente implica prisión, mientras que sus coacusados podrían ser condenados hasta 15 años de cárcel, entre ellos Mirian Morales Cárdenas. Su odiada Mirian.

“Richard Cisneros nunca ha tenido la intención de fugarse”

“La fiscalía se ha excedido con la detención de Richard Cisneros porque él nunca ha tenido la intención de fugar y menos de eludir la acción de la justicia”, manifestó el abogado Manuel Varillas Alzamora.

“Richard Cisneros tiene un domicilio fijo y conocido en San Isidro, cuya dirección está registrada en su DNI. Sin embargo, la fiscal, en una forma incoherente, ha sustentado que mi patrocinado no tiene arraigo. Realmente, la fiscal ha actuado de mala fe porque ella misma lo ha notificado varias veces en la dirección que existe en Reniec”, expresó el letrado.

La fiscalía sostiene que durante las investigaciones Cisneros sostuvo reuniones con otros imputados con el probable objetivo de entorpecer las pesquisas, por lo que requirió su detención. (Doris Aguirre).

Señor presidente

Según la fiscal Janny Sánchez, el exconsejero Óscar Vásquez Zegarra podría recurrir a sus contactos con su exempleador, el presidente Martín Vizcarra.

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