Política

IIRSA Sur: Procuraduría ad hoc pide más de S/ 3.400 millones de reparación civil por el caso

Se identificaron S/ 1.400 millones como perjuicio patrimonial al Estado, según la procuradora ad hoc Silvana Carrión en el caso Odebrecht, por el proyecto de la Interoceánica Sur.

Interoceanica
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La procuradora ad hoc del caso Lava Jato en el Perú, Silvana Carrión, solicitó formalmente el pago de S/ 3.400 millones de reparación civil al Estado a los implicados del caso Interoceánica Sur (tramos 2 y 3), en el que se encuentran incluidos distintos acusados como Alejandro Toledo, José Graña Miró Quesada, entre otros.

De acuerdo con la información oficial de este organismo adscrito al Ministerio de Justicia, la Procuraduría ad hoc identificó S/ 1.400 millones en perjuicios patrimoniales y otros S/ 2.000 millones en cuanto a daños extrapatrimoniales al Estado. El monto de los S/3400 millones es aparte de los S/440 millones que viene pagando Odebrecht por el acuerdo de colaboración eficaz aprobado por el Poder Judicial desde fines de 2019.

Esta petición formal al Poder Judicial para que admita el monto total de S/ 3.400 millones en el proceso por la Interoceánica Sur fue presentada el último 28 de agosto. Además, resalta el comunicado, el daño patrimonial señalado permitirá a la Fiscalía acreditar el delito de colusión que se imputa contra los acusados.

“Esperamos que el Poder Judicial nos dé la razón respecto a ambos montos de reparación civil, para que estos sean pagados de manera solidaria por las personas y empresas investigadas”, indicó Carrión en la nota de prensa.

La reparación civil solidaria, en caso sea admitida y posteriormente aprobada en un juicio oral, deberá ser compartida entre todos los involucrados. Es decir, si en una sentencia se ordena el pago, cada uno de los acusados deberá abonar un porcentaje estimado por el juez para completar los S/ 3.400 millones.

Cifras

Hasta el momento, la Procuraduría ad hoc embargó bienes y acciones en el caso Interoceánica Sur por más de S/ 250 millones.

El fiscal José Domingo Pérez, quien en agosto pasado presentó su acusación ante el juez Richard Concepción Carhuancho, solicitó penas de entre 9 y 20 años de prisión para nueves implicados.

Entre ellos se encuentran el expresidente Alejandro Toledo Manrique (cuya pena sería de 20 años y medio de cárcel), Abraham Dan On (9 años), Sergio Bravo Orellana y Alberto Pasco Font (miembros del comité de Pro Inversión); José Graña Miró Quesada, Hernando Graña Acuña y Gonzalo Ferraro Rey (Graña y Montero); Fernando Camet Piccone (JJC Contratistas Generales); y José Fernando Castillo Dibos (ICCGSA). Estas últimas tres empresas fueron incorporadas al caso como terceros civiles responsables.

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