Constitucionalista García: “El Congreso está haciendo una interpretación antojadiza de la norma"
La abogada sostiene que el país afronta “un contexto de mucha inestabilidad económica y de salud” generada por la COVID-19.
Erika García Cobian Castro, abogada y magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, conversó con La República para dar sus apreciaciones sobre los hechos suscitados en el Congreso de la República con relación a la moción de vacancia contra el mandatario Martín Vizcarra.
¿Cómo definir la figura de la vacancia por incapacidad moral a un presidente de la República?
Esta figura resulta como un supuesto vago, incongruente, contradictorio y que no va de la mano con la Constitución, es una regulación que ofrece muchos problemas como los que estamos viviendo ahora. Esa imprecisión da lugar a que se presenten todas estas interpretaciones y aprovechamiento de la norma para desnaturalizar, manipular y tergiversar el régimen de acusación constitucional del presidente de la República. El Congreso está haciendo una interpretación antojadiza de la norma para evitar someterse a las restricciones que impone el artículo 117 de la Constitución. La figura de la vacancia por incapacidad moral no resulta adecuada en este caso.
¿Qué requisitos pide el Tribunal Constitucional para llevar a cabo la vacancia por incapacidad moral?
El Tribunal Constitucional pide, además de obtener las dos terceras partes de los votos del Congreso de la República, que se regule un procedimiento que impida y que evite que se incurra en una interpretación irrazonable de la Constitución. Entonces, no existe claridad hasta el momento porque no se está cumpliendo con hacer una adecuada apreciación de la norma.
¿Es constitucional el proceso al que se está sometiendo a Martín Vizcarra?
No es constitucional porque se está haciendo una interpretación irracional de la norma. Se está sacando la vuelta al régimen de acusación constitucional contra el presidente de la República, el cual es muy cerrado en relación con nuestro sistema presidencial, atenuado, pero que busca que el mandatario pueda concluir sus funciones en los cinco años, salvo por supuestos gravísimos que están definidos en el artículo 117 como traición a la patria, impedir el funcionamiento del Congreso, impedir el funcionamiento o reunión de los organismos pertenecientes al sistema electoral, evitar las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales y municipales. Se está yendo por la vía de la vacancia como un aprovechamiento indebido de esa imprecisión y vaguedad de la Constitución para sacar al presidente.
¿Pueden utilizarse los audios difundidos por Edgar Alarcón en contra del presidente de la República?
La prueba ilícita es aquella que se obtiene a través de grabaciones que irrumpen en la privacidad de las personas, en cuya conversación no participa quien está grabando. Si el interlocutor graba su conversación con otra persona y el tema es un asunto de interés público, y no de la vida privada del presidente, sino que tienen que ver con temas de transparencia, sus asesores, entre otros, no existe ninguna conducta ilícita. No hay ninguna ilegalidad y los audios sí se podrían utilizar como pruebas y fuentes en un proceso de investigación si han habido actos de corrupción.
¿Qué efectos tendría una posible vacancia al presidente de la República?
Tendría efectos muy graves porque nos encontramos en un contexto de mucha inestabilidad económica y de salud. El Gobierno debería abocarse con prioridad a tratar las situaciones de emergencia que ha generado la pandemia del coronavirus. Estas actuaciones del Congreso, que a mi parecer no están basadas en la Constitución, están distrayendo la atención prioritaria. Por otra parte, habría que evaluar e investigar los intereses que hay detrás de estas acciones, no corresponde especular, pero sí estar atentos a una serie de hechos que se han venido dando desde el Congreso pasado.
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