Martín Vizcarra emplaza al Congreso a aprobar reformas electorales

El presidente Martín Vizcarra volvió a emplazar al Poder Legislativo sobre las reformas electorales que el Congreso tiene pendientes de debatir y aprobar, recordándoles que espera que los representantes cumplan.

“En el pleno se verá quiénes votan a favor de evitar que puedan postular personas sentenciadas en primera instancia y quiénes se harán los locos y quizá no vayan ese día... Vamos a ver quién se abstiene”, advirtió.

Fue así como el mandatario se refirió al pedido para que el Congreso ratifique parte de la reforma constitucional que impide que los condenados en primera instancia por delito doloso puedan postular en las próximas elecciones. En esa línea, precisó que la ley de impedimentos para postular a cargos públicos con sentencia en primera instancia ya fue aprobada, pero falta la ratificación en segunda votación. Expresó su preocupación por que hasta el momento no se haya puesto en debate.

Luego, tras advertir que el plazo para aprobar las reformas vence el 28 de setiembre, el mandatario recordó que en el Parlamento también está pendiente de aprobación la ley sobre el financiamiento de partidos políticos y la eliminación del voto preferencial. En este caso, su pedido fue que se incorporen a la norma los cambios que fueron aprobados en el referéndum de diciembre del 2018.

Vizcarra recordó además que solo hay tiempo hasta fin de mes para hacer cambios, de lo contrario se aplicarán en las elecciones del 2026.

La ocasión le permitió también recordar a la ciudadanía que los legisladores son elegidos, no designados; por lo que los votantes son responsables.

Respuesta por escrito

En otro momento, el presidente anunció que responderá por escrito las preguntas de la Comisión de Fiscalización del Congreso, sobre la contratación de “Richard Swing” en el Ministerio de Cultura. Agregó que tiene como bandera la lucha contra la corrupción, por lo que aclarará cualquier circunstancia que pueda generar duda.

Después de que la semana pasada informara al Congreso que el Ministerio de Justicia dijo que no está en la obligación de atender una invitación o citación sobre materias distintas a las que pudieran dar lugar a causas de acusación constitucional y de vacancia presidencial, Vizcarra manifestó ahora que ya se había determinado claramente en qué circunstancias puede ir un mandatario al Congreso, y con base en ello envió un documento al Parlamento precisando las condiciones en las que atenderá las inquietudes de la Comisión de Fiscalización que preside Edgar Alarcón. “Espero las preguntas por escrito. Tengan la seguridad de que serán respondidas con total veracidad”, aseguró.

La declaración de Vizcarra fue luego de que el presidente del Congreso, Manuel Merino, le pidiera que aclare las dudas del Parlamento. La República trató de contactarse con el presidente de la Comisión de Fiscalización para saber su posición sobre el anuncio presidencial, pero este no respondió.

Sin embargo, el martes Alarcón sostuvo que el presidente de la República debe participar en la sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización, recibiendo a una delegación de ese grupo de trabajo, por lo que pidió las condiciones, fecha, lugar y hora del presidente en calidad de invitado.

A propósito de ello, Vizcarra dijo ayer estar sorprendido porque el oficio del Parlamento a Palacio de Gobierno no lo haya enviado Manuel Merino, sino el oficial mayor, Javier Ángeles. Agregó que el Ejecutivo espera que el Congreso vea también las 40 mil órdenes de servicio en el Estado y revise la normatividad respecto a las órdenes de servicio y los locadores, lo que no está debidamente normado.

Reforma electoral en agenda

En el pleno del Congreso está en agenda el financiamiento de los partidos y los impedimentos para postular a cargos de elección popular y ejercer la función pública (prohibición para que postulen sentenciados), aunque nada garantice que entren al debate, pues ya antes el segundo proyecto estuvo programado y no se llegó a discutir.

Faltan otras reformas electorales, como la eliminación del voto preferencial y modificar la fecha para las elecciones internas e inscripción de los candidatos. Esas normas deben ser promulgadas antes del 28 de setiembre, pero aún no hay consenso para su debate y menos para su aprobación.

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