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Política

Piden a la JNJ que investigue a Gálvez y a Rodríguez Monteza

En un escrito, la congresista Carolina Lizárraga, del Partido Morado, afirmó que los fiscales supremos incurrieron en presuntas faltas.

Fiscal Víctor Rodríguez Monteza.
Fiscal Víctor Rodríguez Monteza.

Una investigación de oficio. Tal fue el pedido de la congresista del Partido Morado Carolina Lizárraga a la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

La parlamentaria emplazó al colegiado sendos procesos contra los fiscales supremos Tomás Gálvez —suspendido a la fecha— y Víctor Rodríguez Monteza, ambos implicados, vale recordar, en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Faltas

En dos oficios dirigidos a Aldo Vásquez, titular de la Junta Nacional de Justicia, —uno por cada magistrado supremo— Lizárraga indicó que en el caso de Gálvez, este participó en un evento con el congresista de la bancada de Unión Por el Perú Alexander Lozano en Comas.

En dicho evento, Gálvez tuvo palabras elogiosas para el parlamentario, conducta que, de acuerdo a la legisladora del Partido Morado, contraviene el mandato del artículo 153 de la Constitución, que indica, según cita Lizárraga en el oficio, que: “Los jueces y fiscales están prohibidos de participar en política, de sindicarse y de declararse en huelga”.

Del mismo modo, Lizárraga señala que el suspendido fiscal supremo habría incurrido en una “falta grave” prescrita en el artículo 47 de la Ley de la Carrera Fiscal, que indica lo siguiente: “[...] la afiliación a partidos, grupos políticos, grupos de presión o el desempeño de actos propios de estos grupos o interés de aquellos en el ejercicio de la función fiscal”.

En el caso del fiscal Rodríguez Monteza, la parlamentaria del Partido Morado indicó en su escrito que este magistrado no acató la jurisprudencia del Poder Judicial al emitir un dictamen el pasado 7 de julio, en el que solicitó la nulidad de la sentencia contra el otrora dueño de la desaparecida Aerocontinente: Fernando Zevallos.

Otro hecho que se suma al oficio de la legisladora contra Rodríguez Monteza fue que el magistrado supremo suscribió una resolución que indica que la sala que juzgó a Zevallos no motivó ni fundamentó debidamente la comisión del delito de lavado de activos por el que fue condenado.

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