Pedido para suspender a Fuerza Popular es legal, pero riesgoso
Polémica. Aunque se puede solicitar suspensión de un partido acusado de organización criminal, el fiscal Pérez deberá fundamentarlo bien. Sin embargo, de proceder sanción, podría afectar derecho de representación de ciudadanos.
El pedido de suspensión de las actividades políticas por dos años y medio de Fuerza Popular solicitado por el fiscal Domingo Pérez Gómez ha generado controversia entre especialistas, que en su mayoría consideran que el pedido se ajusta a derecho pero debe ser bien fundamentado, y a pesar de ello podría conducir a una situación que pondría en riesgo la legitimidad del proceso electoral, sobre todo en la actual coyuntura.
Ernesto de la Jara, profesor de la PUCP y experto en temas de justicia y anticorrupción, sostiene que la norma contempla que cuando se trata de una organización criminal se puede pedir la suspensión de la actividad política. “El pedido es coherente con la posición de los fiscales que usan los recursos que contempla el Código Procesal Penal, está dentro de su discrecionalidad, lo que pasa es que nunca se ha hecho”, apuntó.
Agregó que los fiscales suelen poseer información que el resto no tiene, y el fiscal Pérez debe brindar buenas razones para pedir la suspensión de una organización política, a la que se acusa de tener en su interior una organización criminal.
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“Pedir la suspensión debe ser algo excepcional y extremo, porque indirectamente se afecta a los ciudadanos en su capacidad de decisión. Tranquiliza que todos veremos los fundamentos de una y otra parte y resolverá un tercero, un juez, en doble instancia”, precisó.
El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado manifestó que el pedido es legal, pero las normas en materia de sanciones a partidos políticos están muy poco desarrolladas. “Es una lástima, pues puede darse el caso que los partidos se alejen del ejercicio de los derechos políticos y realicen actividades ilícitas. No olvidemos que Fuerza Popular tiene su secretario general investigado por lavado de activos”, enfatizó.
Para el coordinador del Área Legal del IDL, Carlos Rivera, el pedido del fiscal Pérez es legal, y recordó que el citado fiscal logró incorporar a Fuerza Popular, como persona jurídica, en cuanto a las imputaciones que se hacían de lavado de activos. “En la audiencia, se deberá acreditar con datos y elementos de convicción concretos, los motivos por el que a Fuerza Popular se acusa de obstrucción de la justicia”, señaló.
Por otro lado, un grupo de personalidades es de diversas tendencias suscribió e hizo público un comunicado en el que rechaza el pedido de suspensión de Fuerza Popular pues consideran que afectará a miles de ciudadanos que han optado libremente por esta alternativa democrática y que tienen el derecho constitucional de participar en la vida política del país.
Entre los firmantes se encuentran Víctor García Toma, Ernesto Álvarez Miranda, Lourdes Mendoza del Solar, Natale Amprimo, Aníbal Quiroga y también se sumó el excanciller Alan Wagner.
Declaraciones
“Es una situación muy difícil, pues puede afectar a militantes de Fuerza Popular que tienen derecho de votar por ese partido, eso genera una tensión de derecho e intereses”.
Ernesto de la Jara. Jurista
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“El fiscal tiene que ser muy riguroso para demostrar que Fuerza Popular obstruye la investigación, aunque debería concentrarse en formular y fortalecer las acusaciones”.
Antonio Maldonado. Exprocurador
Lo que debe explicar el fiscal Pérez
El exprocurador César Azabache sostuvo que la suspensión de la actividad política puede ser un castigo por un evento ocurrido al final de un proceso, pero cuando se pide durante el proceso, el debate no es sobre el castigo, sino sobre la necesidad de suspensión, y el fiscal deberá explicar qué es lo que puede ocurrir, cuál es el peligro que quiere evitar y cuál es la evidencia de ese peligro. Igual, debe advertir qué puede pasar en esos dos años y medio que pueda ameritar la suspensión.
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