Congreso: aprueban dictamen que plantea ser un agravante los delitos cometidos desde la cárcel
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, titulado por Leslye Lazo, aprobó el dictamen que pretende integrarse a la ley contra el crimen organizado.
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, presidido por Leslye Lazo (Acción Popular), aprobó un predictamen que postula calificar como “agravante” los delitos cometidos por reclusos desde centros penitenciarios.
La iniciativa legislativa fue aprobada con 13 votos a favor durante la octava sesión ordinaria realizada este miércoles 8.
De acuerdo al dictamen, los efectos de la medida serían la habilitación de los actos de investigación a los funcionarios involucrados en delitos vinculados al crimen organizado.
Asimismo, de esta forma se cumpliría con el principio de proporcionalidad de las penas y se incurre en la prevención.
Se aumenta, también, el nivel de satisfacción de los usuarios y se combate la impunidad, explicó Lazo.
La ley contra el crimen organizado se aplica a determinados delitos y circunstancias, tales como homicidio calificado, trata de personas, extorsión, entre otros, y el que se trate de tres o más personas, salvo los agravantes que en este caso el dictamen presentó, el de ocurrir desde un centro penitenciario.
Para ese efecto, según el proyecto, el juez incrementará la condena hasta en una tercera parte por encima del máximo legal fijado por el delito cometido, sin que en ningún caso pueda exceder los 35 años, conforme está establecido en la ley N° 30077.
Por otro lado, Paul García (Acción Popular) expuso su iniciativa legislativa que propone aumentar las sentencias para los delitos cometidos en situaciones de declaratoria de emergencia por catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación, declaradas en la Constitución.
A su turno, Betto Barrionuevo (Somos Perú) sustentó su proyecto que tiene por objeto “establecer modalidades especiales del delito de traición a la patria los supuestos que afecten la seguridad nacional en periodos de emergencia sanitaria”.
“Este es un gesto para que ministros y funcionarios se preparen a recibir penas cuando cometan este tipo de delitos”, expresó.
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