Fiscalía reitera pedido de suspensión contra Pedro Chávarry por 18 meses
Investigación contra Pedro Chávarry también fue reabierta por separar a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez en vísperas de 2019.
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El Poder Judicial debe evaluar en los siguientes días el pedido de suspensión preventiva de derechos por 18 meses que hizo, en noviembre de 2019, el Ministerio Público contra el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry.
En la práctica, la fiscal suprema Bersabeth Revilla que investiga al exfuncionario, busca evitar que Chávarry incurra en otra presunta falta que obstaculice la acción de la justicia.
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Acorde con fuentes consultadas por La República, tras la decisión de la Corte Suprema (Sala Penal Especial) de reabrir el caso por encubrimiento real que archivó el juez supremo Hugo Nuñez Julca, este deberá revisar nuevamente el pedido de suspensión contra Chávarry próximamente, puesto que se mantiene la solicitud inicial de fines del año pasado.
Como se recuerda, el viernes último, la Sala Penal Especial decidió revocar la decisión de archivo de Hugo Núñez y ordenó reabrir el caso, pues el hecho de haber separado a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez en medio de los viajes por el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, sí encaja con el delito postulado por la Fiscalía. Es decir, se procuró o intentó perturbar los actos de investigación que dirige el Equipo Especial Lava Jato.
Pedro Chávarry aún cuenta con voz y voto en la Junta de Fiscales Supremos integrada por 5 miembros y que preside la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos. Aquel, junto con Víctor Rodríguez Monteza y Tomás Gálvez, son procesados por pertenecer a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.
Solo Pablo Sánchez y Ávalos, en minoría, han integrado hasta el momento una oposición contra los fiscales investigados en la cabeza del Ministerio Público.
Actualmente, tanto Chávarry como Tomás Gálvez afrontan procesos disciplinarios en la Junta Nacional de Justicia, ente máximo que reemplaza al extinto Consejo Nacional de la Magistratura. Una de las consecuencias en estos procesos, reanudados desde el 22 de junio por la pandemia de coronavirus, sería la destitución de sus cargos.
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