Ejecutivo promulga ley para el deshacinamiento de los centros penales

El Ejecutivo publicó, este jueves 28, la Ley N° 31020, aprobada por el Congreso, que le otorga facultades para legislar en materia penal, procesal penal y penitenciaria, durante 7 días, en aras de adoptar medidas contra el hacinamiento de los establecimientos penitenciarios y centros juveniles del país ante el riesgo de contagio del nuevo coronavirus.

A partir de esta norma, se habilita para que el Gobierno de Martín Vizcarra legisle respecto a la revisión de disposiciones de coerción procesal, y a beneficios penitenciarios, conversión de penas, vigilancia electrónica personal, redención de penas, entre otras figuras que permita evaluar el egreso de internos procesados y condenados por delitos de menor lesividad.

El ministro de Justicia, Fernando Castañeda, expuso ante el Pleno del Parlamento que las medidas pretenden impactar de manera directa e inmediata en la sobrepoblación que afecta al Sistema Nacional Penitenciario y al Sistema de Reinserción Social del Adolescente en Conflicto de la Ley Penal, con el objeto de evitar la propagación del nuevo coronavirus entre los reclusos, y empleados que se desempeñan en los 68 establecimientos penitenciarios.

Asimismo, el Minjus adelantó que las medidas que se anuncien, en el marco de la delegación de facultades, para el deshacinamiento de los establecimientos penitenciarios tendrán un hincapié en los reclusos que están en condición de procesados por delitos menos lesivos, priorizando a los grupos en situación de vulnerabilidad.

El último 24 de mayo, el Poder Ejecutivo informó, durante su exposición ante el Pleno del Congreso, que existe una sobrepoblación de 140 % en los 68 penales del Perú, al contener una población de casi 100.000 reclusos, de los cuales, más de 30.000 están sin sentencia, cuando la infraestructura en conjunto solo está preparada para albergar poco más de 40.000 internos.

El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el hacinamiento penitenciario y las deficiencias en la capacidad de albergue, infraestructura e instalación médica en los centros penales del país, por lo que otorgó un plazo de 5 años al gobierno y Ministerio de Justicia para modificar esta situación y lograr una mejora en la situación de los presos.

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