Admiten a trámite hábeas corpus contra presidente del PJ y autoridades del INPE
Demanda exige que presos contagiados con COVID-19 de varios penales de Piura sean trasladados a un centro hospitalario. Jueza les dio 24 horas de plazo para hacer su descargo, que se cumplen hoy. Recurso fue presentado por abogado llevó casos de algunos detenidos en operativo contra una organización criminal.
La República en GoogleUn recurso de hábeas corpus contra el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, así como el titular y el procurador del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) abogando por presos contagiados con coronavirus en Piura, ha sido admitido por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de esa región, otorgando 24 horas para hacer los descargo.
La demanda pide que los presos del Penal de Varones de Piura (ex Río Seco), la cárcel de mujeres de Sullana y el Centro Juvenil de Menores Miguel Grau, que se encuentren en situación crítica debido al Covid-19, sean trasladados a un centro hospitalario para ser atendidos de manera inmediata, y se aplique la conversión de sus penas por otras medidas alternativas.
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El documento fue enviado por el abogado Percy Ipanaqué Navarro, quien además insta al Ejecutivo para que de manera inmediata “adopte todas las medidas para descongestionar masivamente las cárceles del Perú” ante el riesgo de más contagios.
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La magistrada Milagros La Torre Vásquez acogió la demanda, emitiendo su resolución con fecha 5 de mayo último, pero las partes fueron notificadas el viernes por la tarde, por lo que el plazo que dio para que presenten sus descargos vence hoy.
Además, requirió a los directores de los penales mencionados que remitan un informe detallando la situación actual de salud de los reos, si se ha detectado infectados por COVID-19 y qué medidas de aislamiento y prevención se han aplicado.
También pide que les remitan el historial clínico de los internos con afecciones preexistentes potencialmente vulnerables ante un posible contagio.
Ipanaqué Navarro fue abogado de varios detenidos en el operativo contra la organización criminal “Los Ilegales de Piura” hace tres años, a quienes se les acusa de tráfico de influencias, obstaculización de la justicia, fraude procesal y falsedad ideológica. Sin embargo, en ninguna parte del recurso, menciona actualmente a qué interno o familiar representa.
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