Defensoría plantea comando unificado para atender penales durante la emergencia sanitaria

Ante la dramática situación que se vive en los penales del país, el adjunto para los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo, planteó que la lucha contra la COVID-19 en esos establecimientos sea asumida por un comando unificado que atienda las demandas de salud de los internos y apoye al personal de seguridad que también está siendo afectado por el mal.

Hasta ayer lunes eran 645 los presos contagiados por el coronavirus a nivel nacional, de acuerdo a fuentes del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) que, a su vez, tiene a 224 servidores que han dado positivo al virus de Wuhan. Las víctimas mortales por este mal en las cárceles suman 33.

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Para el adjunto Castillo la crisis que se vive en los penales era previsible por el hacinamiento existente en ellos, lo que favorece el contagio de la enfermedad. Los penales tienen una sobrepoblación del 144%.

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Por ello, sostuvo que se tienen que tomar medidas urgentes que permitan asegurar la salud de los internos y agentes penitenciarios, la salubridad de los penales y otras acciones que disminuyan el impacto del Covid 19.

“El Inpe tiene, por ejemplo, coordinaciones con el Ministerio de Salud pero son limitadas y no le permite atender la magnitud de la crisis en todos los penales. Se requiere garantizar que los recursos de Salud lleguen hasta el último penal donde se necesitan y eso se lograría con una dirección unificada”, sostuvo.

Además, dijo, este comando tendría como tarea formular un plan para cada uno de los 68 penales con los que se pueda atender la crisis que ha generado el coronavirus.

A su criterio ese comando debería estar integrado por el Inpe y los ministerios de Justicia, Salud, Defensa e Interior, así como el Poder Judicial y Ministerio Público.

Respecto al otorgamiento de tres mil indultos humanitarios anunciados por el Ejecutivo para disminuir la población penitenciaria, el defensor adjunto dijo que estos resultan insuficientes y por tanto de poco impacto. Consideró que al menos debería duplicarse ese número y exigió que sean entregados cuanto antes.

Percy Castillo se mostró a favor de que se dicte alguna medida que obligue a los jueces a revisar las órdenes de prisión preventiva con el propósito de reducir la sobrepoblación en los penales.

Más efectiva

Al respecto, el constitucionalista Carlos Caro, consideró que una eventual excarcelación de los procesados permitiría una disminución del 30% de la población penal.

Señaló que se requiere de una política judicial, con una línea jurisdiccional a favor de la comparecencia.

Indicó que esta medida, si es adoptada, será más efectiva que el anunciado indulto humanitario de unos 3 mil presos.

El abogado penalista, Luis Lamas, por su parte, señaló que solo flexibilizando los mecanismos legales se logrará que más personas abandonen las cárceles.

En ese sentido, consideró que la Corte Suprema debe establecer criterios más precisos y objetivos que sirvan de orientación a los jueces que deben resolver, por ejemplo, casos por exceso de carcelería y de beneficios penitenciarios