Keiko Fujimori: los nuevos indicios para la prisión preventiva

El fiscal José Domingo Pérez presentará las declaraciones de los empresarios Dionisio Romero Paoletti, Vito Rodríguez y Manuel Gubbins Bovet para sustentar que se mantiene y se ha incrementado el peligro de fuga y obstaculización en la investigación a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi.

Por ese motivo, reiterará e insistirá en el pedido que hizo en noviembre del 2018, para que se impongan 36 meses de prisión preventiva a Fujimori Higuchi, pese a la decisión del Tribunal Constitucional de revocar dicha medida, bajo el supuesto de que ya no hay peligro de obstaculización.

Al contrario, para el Equipo Especial Lava Jato hoy hay un mayor riesgo, pues se ha ampliado el marco histórico de la investigación. Esta abarca desde el año 2009 al 2016, es decir, no solo la captación de fondos para la campaña del año 2011, sino que también se incluyó el proceso electoral del 2016.

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Más delitos

En noviembre del 2018, cuando Pérez pidió la prisión preventiva para Keiko Fujimori, solo se le investigaba por el delito de lavado de activos, en referencia al aporte de 1,2 millones de dólares realizado por la constructora Odebrecht, en la campaña del 2011.

Odebrecht ha sustentado que esos aportes salieron de los fondos del Sector de Operaciones Estructuradas o caja 2 y llegaron al Perú a través de cuentas de la empresa Construmac, del fugitivo Gonzalo Monteverde.

Pero, a partir de las declaraciones de los empresarios antes mencionados, la fiscalía ha ampliado la investigación por lavado de activos a la campaña electoral del 2016.

Además, se han incluido los delitos de asociación ilícita para delinquir, organización criminal, obstrucción a la justicia, falsa declaración en proceso administrativo, fraude procesal y falsedad genérica.

Aportes millonarios

Junto a la declaración de los empresarios, estarán la de Jaime Yoshiyama Tanaka, Luis Mejía Lecca, Antonio Camayo, Willy Serrato, entre otros. Ellos precisaron la existencia de un grupo al interior de Fuerza Popular que dirigía la captación de fondos de origen desconocido, su ingreso a la contabilidad del partido fujimorista y las acciones de ocultamiento.

Esta organización criminal operaría, según la fiscalía, desde julio del 2009, cuando la entonces congresista Keiko Fujimori fundó el partido Fuerza 2011, que años después pasó a denominarse Fuerza Popular.

Romero Paoletti declaró que su grupo familiar y empresas aportaron 4,1 millones de dólares en las campañas del 2011 y 2016, que fueron entregados en efectivo a Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama y/o Augusto Bedoya Cámere.

Por su parte, Manuel Gubbins, sobrino del fallecido empresario Juan Rassmuss Echecopar, declaró que aportaron más de 4,8 millones de dólares en las campañas del 2011 y 2016. Vito Rodríguez confirmó un aporte de 200 mil, en la campaña del 2011.

Todos estos aportes, de Odebrecht y de los empresarios peruanos, habrían tenido el objetivo de condicionar la voluntad de Keiko Fujimori y sus congresistas a favor de sus intereses comerciales. Ese habría sido el motivo por el que estos aportes no fueron reportados a la ONPE y se encubrió su ingreso a los fondos de la campaña.

Hechos, según la fiscalía, en que Fujimori tiene interés y busca seguir ocultando a través de un equipo legal y político.

Contactos políticos y judiciales

Con las declaraciones de Jorge Yoshiyama, Luis Mejía, Antonio Camayo y Willy Serrato, entre otros, la fiscalía sustentará que Keiko Fujimori buscó contactos en el sistema judicial y la ONPE para encubrir sus delitos.

Yoshiyama Tanaka y Luis Mejía han hablado de la estructura para ocultar los aportes de los empresarios. Camayo identificó a la “Señora K” en conversaciones con el juez César Hinostroza y Serrato, de los contactos en el CNM para copar la ONPE.