Piura: Távara cuestiona escasa productividad del Consejo Regional en este periodo
Inquietud. Exsecretario del CR refiere que función fiscalizadora es mínima.
Piura. A lo largo de los diez meses de la actual gestión, el Consejo Regional (CR) ha tenido una mínima participación en el ejercicio de sus atribuciones, tanto normativa como fiscalizadora, afirmó el exsecretario de este organismo, Jaime Távara Alvarado.
Sostuvo que pese a la vigencia de la Resolución n.º 0088-2018 del Jurado Nacional de Elecciones, que incrementó el número de consejeros en el Gobierno Regional de Piura de ocho a once, se aprecia una baja productividad en ordenanzas, acuerdos e informes o dictámenes aprobados en el pleno del legislativo.
Manifestó que en lo que va del 2019 solo se han dado 12 ordenanzas regionales, de las cuales seis de ellas son sobre temas declarativos como, por ejemplo, nombrar a la pava aliblanca como patrimonio de la región Piura o declarar el último sábado de enero de cada año como “el día de playas de Piura las queremos limpias”.
PUEDES VER El norte se alista para el Mundial
“No ha existido trabajo de creatividad de los consejeros para la emisión de normas regionales que sean de provecho a los piuranos”, enfatizó Távara. Además, indicó que la función fiscalizadora ha sido mínima en este año y se debería a que no cuenta con el respaldo técnico de la Oficina Regional Anticorrupción.
Explicó que este ente debería ser el órgano de apoyo de la Comisión de Fiscalización, frente a las denuncias públicas que se presentan por presuntos actos de corrupción en el pliego del gobierno regional.
Dijo que el Consejo Regional no ha formulado denuncias penales ante el Ministerio Público, Procuraduría Anticorrupción o la Oficina Regional de Control Institucional.
Más adelante, Távara sostuvo que desde enero a la fecha, la Comisión de Fiscalización solo ha presentado al pleno dos dictámenes para su aprobación.
Uno de ellos es sobre el caso de los funcionarios de confianza que no reúnen los requisitos del Reglamento de Organización y Funciones (ROF), y el otro por las presuntas irregularidades cometidas por los procuradores ad hoc en el proceso de arbitraje con la empresa Camargo Correa. “El Consejo Regional debe cambiar esta situación que se ha convertido en un problema para su funcionamiento”, acotó el funcionario.