Política

Urresti sobre Luciana León: “La corrupción está en el ADN de los Alanistas”

Daniel Urresti señaló que si se comprueban vínculos de la exlegisladora aprista con ‘Los Intocables Ediles’, quedaría aún al amparo de la inmunidad funcional hasta por 5 años, pues el delito se habría cometido durante su mandato de representación.

Daniel Urresti pidió al nuevo Congreso que se instale en el 2020 que suprima la inmunidad parlamentaria. Foto: La República.
Daniel Urresti pidió al nuevo Congreso que se instale en el 2020 que suprima la inmunidad parlamentaria. Foto: La República.

El exministro del Interior Daniel Urresti se pronunció este martes sobre los vínculos que unirían a la excongresista aprista Luciana León con la organización criminal ‘Los Intocables Ediles’.

En un tuit, el ahora gerente de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Los Olivos, fiel a su estilo, sostuvo sobre Luciana León que “la corrupción” formaba parte de los genes del “alanismo”.

León con inmunidad

“¡La corrupción está en el ADN de los Alanistas!”, exclamó desde Twitter el exministro, aludiendo de paso a la tendencia dentro del mismo aprismo de respaldar y seguir al expresidente Alan García.

En el mismo tuit, Urresti mencionó también que la exparlamentaria, de comprobarse que actuaba como “brazo legal y político” de la organización criminal, como se lo imputa la Fiscalía, aún podría resguardarse por cinco años bajo la protección de la inmunidad funcional, una prerrogativa que tienen los congresistas y que, en el hipotético escenario de que se acredite su culpabilidad, Luciana León tendría por haber cometido los ilícitos durante su periodo como legisladora.

Por ese motivo, Urresti invocó al Congreso que se instale en el 2020 a que retire de la Constitución el artículo 93, que versa sobre la inmunidad parlamentaria.

Daniel Urresti se pronuncia sobre vínculos de Luciana León con 'Los Intocables Ediles'.

Daniel Urresti se pronuncia sobre vínculos de Luciana León con 'Los Intocables Ediles'.

Sobre la prerrogativa del fuero en casos funcionales, es decir cuando los congresistas incurren en delitos durante su mandato de representación, según lo que indica la Constitución, estos gozan del beneficio del antejuicio político, el cual se extiende hasta 5 años después de cesar sus funciones.

“La inmunidad funcional es lo que se conoce como antejuicio (por comisión de delito) o juicio político (por infracción constitucional). Está previsto en los artículos 99 y 100 de la Constitución", explicó el constitucionalista Luciano López.

Por Twitter también, el especialista en derecho constitucional aclaró que esta prerrogativa de los legisladores implica que “todo delito o infracción constitucional, cometido por congresistas, debe conocerlo el Congreso” a través de sus órganos colegiados competentes.

"La inmunidad funcional protege al congresista hasta por 5 años después de cesar su mandato. Tiene un trámite que se inicia en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, luego va a la Comisión Permanente y finalmente decide el Pleno. Y no contempla qué hacer si hay delito flagrante”, explicó el abogado.

León y ‘Los Intocables Ediles’

Este martes, representantes del Ministerio Público y agentes de la Diviac de la Policía Nacional, allanaron el departamento de la integrante de la Comisión Permanente del disuelto Congreso Luciana León, quien fue señalada como el “brazo legal y político” de la organización criminal ‘Los Intocables Ediles’.

De acuerdo a escuchas telefónicas a las que la Fiscalía tuvo acceso, y al testimonio de un colaborador eficaz en la investigación ,Luciana León recibía dinero de la banda delictiva dedicada al cobro de cupos en Gamarra y el Mercado de Frutas, en La Victoria, a cambio de interceder ante instituciones como el Ministerio de Economía a fin de proveerse de mayores recursos para el municipio de dicha comuna.

Por estas intercesiones, León habría recibido de parte del colíder de ‘Los Intocables Ediles', Alex Peña Quispe, entre 15 mil y 20 mil soles mensuales, según se desprende de la resolución con la que el Poder Judicial autorizó las diligencias de allanamiento en el caso que compromete a la exparlamentaria, a su asesora, Betsy Matos, y a su hermano, Rómulo León Romero.